Una denuncia instaurada por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la Fiscalía, hace más de dos semanas, tiene en apuros nuevamente al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo -preso desde 2011-, y a su hermano Javier.
Según información divulgada por Noticias Uno, al exmandatario y su pariente se les acusa de haber entregado $800 millones a una mujer cercana al alto tribunal para sobornar a los tres integrantes de la sala donde se estudia el recurso de casación interpuesto por Suárez Corzo, sobre la condena de 27 años que pesa en su contra por el homicidio del exasesor jurídico de la Alcaldía, Alfredo Enrique Flórez Ramírez.
De acuerdo con la hija del presidente de la Sala Penal, Leonidas Bustos -uno de los magistrados a quien supuestamente se pretendía corromper-, Javier Suárez Corzo la abordó en la universidad y le reclamó que él y su hermano le habían pagado a alguien cercano a la corporación para presionar que el fallo saliera a favor del exalcalde.
Estos hechos fueron comunicados por Bustos a sus compañeros Javier Zapata y María del Rosario González, quienes decidieron poner en conocimiento del fiscal general, Eduardo Montealegre, la situación.
Días después, según Noticias Uno, la magistrada González volvió a acudir a la fiscalía para presentar un escrito en el que plantea tres posibles causas que habrían motivado el presunto soborno:
-Corrupción real de algunos funcionarios de la Corte Suprema.
-Retaliación de bandas criminales contra la Corte.
-Intención de obligarla a marginarse de la revisión de la sentencia, toda vez que ella es la encargada de tramitar el recurso interpuesto por la defensa de Suárez Corzo.
De la misma forma, en el documento entregado al fiscal, María del Rosario González autorizó levantar la reserva financiera y bancaria de sus cuentas a fin de que se investigue su patrimonio. También decidió declararse víctima dentro del proceso y nombrar un abogado que la represente en el caso.
Al respecto, se confirmó con la Fiscalía General de la Nación la existencia de la denuncia, así como que el titular del organismo investigador ya designó a un fiscal delegado ante la Corte para que asuma la investigación.
El proceso, a través del cual se pretende determinar si existió un posible cohecho para favorecer la sentencia del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, o si, por el contrario, se trata de una calumnia por parte del hermano del exmandatario, se encuentra en este momento en etapa de ordenamiento de pruebas.
Este diario también logró comunicarse con la magistrada González, pero se abstuvo de dar cualquier declaración, por considerar que no está autorizada para hablar al respecto.
También se contactó a Javier Suárez Corzo, involucrado en el supuesto acto de corrupción, y aunque inicialmente manifestó que en el momento no podía atender la llamada, pero que no tendría problema en responder a las inquietudes sobre la denuncia horas después, no fue posible retomar la comunicación puesto que nunca más contestó su teléfono celular.
El exalcalde Ramiro Suárez Corzo, uno de los más populares en Cúcuta en los últimos años, ha sido involucrado con grupos paramilitares que operaron en la zona, por lo que algunas de las versiones entregadas por exmiembros de este grupo armado ilegal, cobijados en el proceso de Justicia y Paz, habrían sido claves para que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera dejar en firme la condena de 27 años en su contra, en agosto de 2011.
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