jueves, 3 de octubre de 2013

Deserción laboral aprieta la economía fronteriza

fábricas y almacenes de Ureña y San Antonio buscan desesperadamente mano de obra calificada para afrontar los últimos meses del año.

Los exorbitantes índices de desabastecimiento que viven los habitantes del lado venezolano de la frontera entre el estado Táchira y Norte de Santander, han llevado a productores y empresarios de Ureña y San Antonio a insistir en que las condiciones con las que actualmente están operando, van a terminar por colapsar completamente la economía de la frontera.

Y no es para menos, pues la falta de insumos ya golpea a artesanos, panaderos,  productores de prendas de vestir  y hasta a los ensambladores de carrocerías, quienes por una u otra razón no tienen acceso a los insumos  o tienen gran dificultad para obtener divisas y así importar las materias primas.

A este complejo panorama. se suma otro del cual son testigos comerciantes y productores de la frontera: la creciente deserción laboral que se evidencia en sus fábricas y almacenes, por cuenta -en buena medida- de los  trabajdores colombianos de Cúcuta, Los Patios o Villa del Rosario que han dejado de laborar. 

Domingo Isidor Teres, presidente de la Cámara de Comercio de Ureña, asegura que cerca del 80 por ciento de los casi 30.000 trabajadores colombianos que diariamente cruzan la frontera para laborar, han abandonado sus empleos. 

Una de las razones, según afirma, es que la diferencia entre los salarios mínimos de Colombia y Venezuela ha  bajado la rentabilidad de la oferta laboral venezolana, pues para un colombiano los 2.702 bolívares  (129.800 pesos) que se pagan en Ureña o San Antonio al mes, no le alcanzan practicamente para nada si está radicado en Cúcuta o tiene una familia que mantener. 

De otro lado, Teres manifiesta que quienes antes trabajaban operando una maquina de alguna fábrica, o atendiendo un almacén, han visto más rentabilidad en el jugoso ‘negocio’ del contrabando, pues asegura que comerciar con combustible o con cualquier producto subsidiado por el gobierno venezolano arroja mayores dividendos que los que se pueden obtener dentro de la legalidad. 

De otro parte, Martha Sandoval, propietaria de Confecciones Yolher, quien además opina como la mayoría de comerciantes de Ureña y San Antonio, considera que los trabajadores colombianos que años atrás se sentían atraídos por la facilidad de adquirir artículos venezolanos, hoy huyen de los severos controles que aplica la Guardia Nacional. “Antes los empleados por lo menos se llevaban de acá el mercado para sus familias. Ahora los guardias no los dejan” aseguró la empresaria.

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