El contrabando de extracción de alimentos es atacado por el Gobierno regional, por ser factor de escasez y encarecimiento.
En la Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el viernes, se establece hasta 14 años de prisión para quienes incurran en contrabando de extracción.
El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, este domingo a través de su cuenta en Twitter defendió la nueva ley alegando que la misma se aprobó “con el fin de equilibrar los precios y proteger a los venezolanos”.
Arreaza destaca la necesidad de aplicar la Ley para “proteger al pueblo”, al tiempo que escribió que se hará cumplir.
Luego de una reunión con el presidente Nicolás Maduro, Arreaza insistió que la Ley Orgánica de Precios Justos “establece pena privativa de libertad de 10 a 14 años para quienes incurran en contrabando de extracción”.
La Ley Orgánica de Precios Justos contiene también severas sanciones para delitos como la especulación, el acaparamiento, el boicot y la usura.
El instrumento legal, que será aplicado a las personas y empresas que desarrollen actividades económicas en Venezuela, contempla penas desde multas, suspensión en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, ocupación y cierre temporal, clausura de almacenes, entre otros.
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