La decisión de la contralora general, Sandra Morelli, de expedir una circular que ordena a departamentos y municipios frenar el uso de la figura de vigencias futuras -planear obras con recursos del futuro- recibió el apoyo del Gobierno y de quienes consideran que era necesario poner control a esto, pero críticas desde algunas regiones, donde creen que no podrán pensar en grandes proyectos.
El mecanismo fue creado por el Estatuto Orgánico Presupuestal y reglamentado desde principios de los noventa, para planificar obras a largo plazo, de trascendencia para el desarrollo. Desde esa perspectiva es válido, siempre y cuando se utilice de forma moderada, con el respaldo de un proyecto o contrato y con una fuente de financiación clara.
El problema, según Morelli, es que en las entidades territoriales lo están practicando sin esos requisitos y "el compromiso se hace con cifras importantes".
Pone como ejemplo al Casanare, donde hay vigencias futuras por 375.000 millones de pesos, y a Barranquilla, que las tiene por más de 900.000 millones. Esto va en contravía de la idea de regular el gasto de las regalías para mantener el equilibrio fiscal.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, señaló que la iniciativa de la Contraloría estaba "en mora".
Pero desde Bolívar, el gobernador encargado, Jorge Mendoza Diago, consideró que poner freno a la vigencias futuras es regresivo. "En vez de ir ganando autonomía se va perdiendo. Los entes territoriales no podrán hacer ningún proyecto de envergadura, sino proyectos muy elementales, como pavimentar media calle", añadió.
El hecho es que ni siquiera el Gobierno central le había puesto coto a la práctica de dejarles la 'olla raspada' a los gobiernos futuros.
La ex directora de Planeación Nacional y ex senadora Cecilia López celebró la medida de la Contraloría, pero dijo que el Gobierno central, que tiene comprometidas vigencias futuras por 30,5 billones de pesos hasta el 2027, debe dar ejemplo y luego exigirles a las regiones.
También el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, apoyó la medida, pero agregó que alcaldes y gobernadores fueron obligados por funcionarios del departamento de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y del Viceministerio del Ambiente a comprometer vigencias futuras para financiar los Planes Departamentales de Agua, que ahora tendrán que dar marcha atrás. "Lo peor es que la plata se está gastando en consultorías y pago de fiducias", dijo.
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