La Procuraduría General de la Nación descubrió irregularidades en la creación de la corporación que iba a desarrollar el naufragado proyecto del Parque Bavaria y en la asignación de $4.000 millones por parte de la Alcaldía de Cúcuta.
El organismo de control disciplinario expidió pliego de cargos contra el ex alcalde Ramiro Suárez Corzo, el representante a la Cámara Juan Carlos García, los concejales Blanca Cruz González, Eduardo Chaín, Rodolfo Torres y Víctor Suárez y 11 ex concejales cucuteños.
Al ‘levantar vuelo’ de la ciudad, la cervecera le donó un lote al municipio y entregó en dación de pago el otro predio. Allá iban a hacer un parque, parqueaderos subterráneos y un museo. Después dijeron que iba a tener un hotel. En el barrio Latino, hoy solo se ve un gigantesco tierrero de 11.010 metros cuadrados.
La Delegada de la Procuraduría para la Economía y la Hacienda Pública, advirtió que la Corporación Parques de Cúcuta va en contravía de las normas vigentes.
Varios puntos consignó en el auto de cargos del 29 de junio de 2010:
-La corporación, entidad privada sin ánimo de lucro, no está dentro de las entidades autorizadas en el numeral 6, artículo 313 de la Constitución Política, pues no es ni establecimiento público, ni empresa industrial y comercial del Estado, ni tampoco empresa de economía mixta.
-El Concejo presuntamente violó la Constitución, porque no tenía atribuciones para conformar, crear ni autorizar corporaciones sin ánimo de lucro.
-Al constituirse la corporación como una entidad privada, el municipio pierde toda competencia para la vigilancia de los dineros públicos que aportó para su constitución.
-Teniendo en cuenta que los aportes que hicieron los fundadores de Corporación Parques de Cúcuta, entre ellos el municipio, fue a título de donación, se estaría desconociendo el mandato constitucional del artículo 315, que prohíbe los auxilios de esa naturaleza.
Sobre la transferencia de los $4.000 millones que eran de la valorización con destinación específica para obras de infraestructura, el Ministerio Público notificó que ahí el Acuerdo 031 del 2006, también violó la Constitución.
Suárez Corzo, en su momento como Alcalde de Cúcuta, “les dio destinación oficial diferente a los $4.000 millones que entregó como aporte”, notificó el procurador delegado Rafael Guzmán Navarro.
Calificación de las faltas
La Procuraduría advirtió que el ex alcalde “se extralimitó en sus funciones al inducir al Concejo para que autorizara la constitución y participación económica” de la institución sin ánimo de lucro.
Calificó provisionalmente como grave la falta de Ramiro Suárez Corzo por mover “a los integrantes del Concejo a concederle facultades para la creación de una entidad que no está permitida constitucional ni legalmente”.
También de manera provisional, la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló de gravísima la determinación del entonces alcalde (2004-2007), de utilizar indebidamente $4.000 millones de la valorización. Para ello citó el artículo 48-20 de la Ley 734 del 2002.
En concepto del Ministerio Público, con “este comportamiento (Suárez Corzo) causó un gran perjuicio a las arcas del municipio”, al trasladar dineros que “había `podido invertir en obras de infraestructura y dio destinación diferente a los recursos recaudados por valorización”.
Los 16 concejales que en el 2006 aprobaron el citado acuerdo “se extralimitaron en el ejercicio de las funciones” porque no tenían atribuciones para autorizar la creación de la corporación y la asignación de millonarios recursos, añadió el organismo disciplinario.
Ese comportamiento lo señaló “provisionalmente como grave”, porque los cabildantes no observaron el cuidado necesario en el cumplimiento de las funciones para garantizar una administración y ejecución transparente del presupuesto.
Con la decisión también quedaron cobijados los ex concejales Lyda Ardila, Vicente García, Jorge Iván Cáceres, Nelly Amparo Pérez Toro, Édgar Díaz, Alfredo Duarte, Luis Eduardo Guevara, Hugo Márquez, Juan Manuel Morelli, William Ovallos y Margarita Silva
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