Blanca Jazmín Becerra, señalada de ser la cabecilla de la organización que desfalcó a la Dian, contactó a los hoy capturados por medio de avisos de prensa y de ofertas de trabajo en Internet.
Lo anterior se desprende de las versiones conocidas de los familiares de las personas que fueron detenidas en los allanamientos que hizo la Dijín en la madrugada del jueves pasado.
Los procesos de selección eran relativamente fáciles en la empresa R&B Asociados, de la que era propietaria la cabeza de la banda, al parecer en compañía de su esposo.
No más de dos entrevistas y una prueba escrita hacían parte de la convocatoria, cuya mayoría eran mujeres recién graduadas.
“Mi hermana empezó a notar las irregularidades hace cerca de dos años y cuando quiso renunciar empezaron las amenazas de los dueños”, indicó el familiar de una de las capturadas que pidió la reserva de su nombre.
Las intimidaciones, según cuenta, eran de diversa índole y pasaban por advertencias para que guardara silencio, así como la presencia “de vehículos sospechosos en frente de la casa”.
Las irregularidades que llevaron a las presiones están relacionadas con las firmas de documentos que avalarían las falsas exportaciones que motivaron el escándalo, llevando a defraudar en $1,5 billones a la Dian.
“A ella le decían que firmara rápido los papeles porque los necesitaban urgente”, precisó el hermano de la mujer que durante este viernes estuvo frente a la jueza 14 de Garantías durante la diligencia de legalización de allanamientos.
R&B Consultores tuvo varias sedes a lo largo de su existencia que data de hace ocho años, época que coincide con el retiro de Blanca Jazmín Becerra de la Dian.
La sede de la compañía primero se ubicó en el barrio Modelia de Bogotá y tiempo después pasaron a la zona comercial de Salitre, cerca de la avenida Eldorado.
Lo anterior se desprende de las versiones conocidas de los familiares de las personas que fueron detenidas en los allanamientos que hizo la Dijín en la madrugada del jueves pasado.
Los procesos de selección eran relativamente fáciles en la empresa R&B Asociados, de la que era propietaria la cabeza de la banda, al parecer en compañía de su esposo.
No más de dos entrevistas y una prueba escrita hacían parte de la convocatoria, cuya mayoría eran mujeres recién graduadas.
“Mi hermana empezó a notar las irregularidades hace cerca de dos años y cuando quiso renunciar empezaron las amenazas de los dueños”, indicó el familiar de una de las capturadas que pidió la reserva de su nombre.
Las intimidaciones, según cuenta, eran de diversa índole y pasaban por advertencias para que guardara silencio, así como la presencia “de vehículos sospechosos en frente de la casa”.
Las irregularidades que llevaron a las presiones están relacionadas con las firmas de documentos que avalarían las falsas exportaciones que motivaron el escándalo, llevando a defraudar en $1,5 billones a la Dian.
“A ella le decían que firmara rápido los papeles porque los necesitaban urgente”, precisó el hermano de la mujer que durante este viernes estuvo frente a la jueza 14 de Garantías durante la diligencia de legalización de allanamientos.
R&B Consultores tuvo varias sedes a lo largo de su existencia que data de hace ocho años, época que coincide con el retiro de Blanca Jazmín Becerra de la Dian.
La sede de la compañía primero se ubicó en el barrio Modelia de Bogotá y tiempo después pasaron a la zona comercial de Salitre, cerca de la avenida Eldorado.
“Es una persecución”
“Esta vez se les fue la mano, porque lo esposaron y se lo llevaron como un delincuente”, dijo Angélica Jaimes, esposa de Antonio Angulo Hernández, funcionario de la Dian, quien fue detenido en la mañana del jueves en su casa del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, una vivienda que, según la mujer habitan en calidad de arrendadores.
Según la mujer, esta es la tercera vez que su compañero se ve involucrado en una investigación. “La primera – recuerda Jaimes – fue en 1998 cuando era inspector y, como lo tildaban de ‘cuchilla’, porque no dejaba pasar nada, hicieron presión y lo sacaron sin justa causa”.
Por esa razón, sostiene Jaimes, la Dian tuvo que reintegrarlo al cargo e indemnizarlos con cien millones de pesos.
El otro caso al que hace referencia la mujer de Angulo está relacionado con un seguro que el funcionario detectó que no estaba correctamente legalizado por lo que dio aviso directamente a la aseguradora y no a su jefe directo. Esto, asegura Jaimes, le valió una investigación de cinco años de la que salió sin ninguna sanción.
Pero ahora el funcionario, quien lleva 19 años en la entidad y actualmente hace parte del grupo de fiscalización aduanera en el área de grandes contribuyentes, afronta un proceso por seis delitos por los que deberá responder ante el juez 14 con función de control de garantías. Entre los hechos por los que es investigado está lavado de activos, conforme lo explicó el vicefiscal Juan Carlos Forero.
“¿Lavado de activos?, por el amor de Dios, nosotros pagamos arriendo desde hace tres años en esa casa”, agregó la angustiada mujer que desde la detención de su esposo, quien también es profesor de la Universidad San Buenaventura en Bogotá, solo lo ha visto tres minutos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario