Hace unos días el presidente de la República, Juan Manuel Santos, denunció el alarmante robo de por lo menos 700 mil hectáreas de tierras por parte de los grupos al margen de la ley y de particulares en varios departamentos del país.
En el inventario de regiones despojadas apareció Norte de Santander, una de las zonas fronterizas más golpeadas por la violencia y el narcotráfico desde años atrás.
Según los primeros cálculos oficiales, más de 42 mil hectáreas de tierra han sido arrebatadas a sus propietarios, principalmente por la guerrilla de las Farc, dada su alta influencia en esta región del país.
Sin embargo, el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, precisó que este es tan solo el primer diagnóstico que se hace a la región de El Catatumbo, donde los antecedentes de violencia, muerte y desplazamiento superan cualquier percepción.
“Se hizo una investigación de fondo y se determinó que las Farc tienen un manejo muy importante en la frontera con Venezuela en el robo de tierras, aunque no tenían la titularidad de la tierra. Lo que hicieron fue vender las posesiones y las mejoras y lo están haciendo en pequeños minifundios alrededor de toda la frontera”, aseguró Vélez.
El supernotariado explicó que en el caso particular de Norte de Santander más que despojo de títulos lo que se descubrió en las investigaciones fue un alto número de posesiones.
“Lo que encontramos fueron casos de pequeñas parcelas en donde hay incidencia de las Farc y las cuales pasaban de dueño en dueño, sacándole provecho a las mejoras”, dijo.
Vélez sostuvo que la situación registrada en El Catatumbo es similar a la ocurrida en los Montes de María, entre Bolívar y Sucre, en donde unas 40.000 hectáreas de tierras de campesinos desplazados quedaron en manos de empresarios y particulares, con la connivencia de registradores, notarios, funcionarios agrarios y de las mismas alcaldías.
“Aquí en Norte de Santander hemos detectado casos de unidades agrícolas familiares que hicieron compras masivas de tierra y superiores a lo permitido por la ley”, señaló el Superintendente.
Por estos hechos la entidad inició desde hace algunos meses una investigación con el fin de determinar si funcionarios públicos estuvieron involucrados en el negocio y permitieron la enajenación de las tierras de los campesinos de esta región del país.
“Todavía no me puedo atrever a decir si hay o no funcionarios involucrados. Por ahora estoy encargado de hacer los diagnósticos y ya serán los organismos de control y de investigación los encargados de castigar a los responsables”, manifestó Vélez.
El Catatumbo, ubicado al norte del departamento está conformado por ocho municipios: Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, Sardinata, El Carmen y Tibú.
Debido a su variedad climática y sus suelos, la zona es apta para la agricultura diversificada, presentándose diversos tipos de cultivos como café, cacao, maíz, fríjol, arroz, plátano y yuca. La ganadería y la pesca también se presentan como fuentes de recursos para sus habitantes.
Sin embargo, en los últimos años el Gobierno ha impulsado como alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos, la plantación de palma de aceite, lo que ha permitido darle un vuelco total a la situación social y económica de cerca de dos mil familias de la región.
En el inventario de regiones despojadas apareció Norte de Santander, una de las zonas fronterizas más golpeadas por la violencia y el narcotráfico desde años atrás.
Según los primeros cálculos oficiales, más de 42 mil hectáreas de tierra han sido arrebatadas a sus propietarios, principalmente por la guerrilla de las Farc, dada su alta influencia en esta región del país.
Sin embargo, el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, precisó que este es tan solo el primer diagnóstico que se hace a la región de El Catatumbo, donde los antecedentes de violencia, muerte y desplazamiento superan cualquier percepción.
“Se hizo una investigación de fondo y se determinó que las Farc tienen un manejo muy importante en la frontera con Venezuela en el robo de tierras, aunque no tenían la titularidad de la tierra. Lo que hicieron fue vender las posesiones y las mejoras y lo están haciendo en pequeños minifundios alrededor de toda la frontera”, aseguró Vélez.
El supernotariado explicó que en el caso particular de Norte de Santander más que despojo de títulos lo que se descubrió en las investigaciones fue un alto número de posesiones.
“Lo que encontramos fueron casos de pequeñas parcelas en donde hay incidencia de las Farc y las cuales pasaban de dueño en dueño, sacándole provecho a las mejoras”, dijo.
Vélez sostuvo que la situación registrada en El Catatumbo es similar a la ocurrida en los Montes de María, entre Bolívar y Sucre, en donde unas 40.000 hectáreas de tierras de campesinos desplazados quedaron en manos de empresarios y particulares, con la connivencia de registradores, notarios, funcionarios agrarios y de las mismas alcaldías.
“Aquí en Norte de Santander hemos detectado casos de unidades agrícolas familiares que hicieron compras masivas de tierra y superiores a lo permitido por la ley”, señaló el Superintendente.
Por estos hechos la entidad inició desde hace algunos meses una investigación con el fin de determinar si funcionarios públicos estuvieron involucrados en el negocio y permitieron la enajenación de las tierras de los campesinos de esta región del país.
“Todavía no me puedo atrever a decir si hay o no funcionarios involucrados. Por ahora estoy encargado de hacer los diagnósticos y ya serán los organismos de control y de investigación los encargados de castigar a los responsables”, manifestó Vélez.
El Catatumbo, ubicado al norte del departamento está conformado por ocho municipios: Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, Sardinata, El Carmen y Tibú.
Debido a su variedad climática y sus suelos, la zona es apta para la agricultura diversificada, presentándose diversos tipos de cultivos como café, cacao, maíz, fríjol, arroz, plátano y yuca. La ganadería y la pesca también se presentan como fuentes de recursos para sus habitantes.
Sin embargo, en los últimos años el Gobierno ha impulsado como alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos, la plantación de palma de aceite, lo que ha permitido darle un vuelco total a la situación social y económica de cerca de dos mil familias de la región.
Revelan intenciones de las Farc de apropiarse de tierras de restitución
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reveló el sábado unos correos interceptados a las Farc en los que se dejan ver las intenciones de ese grupo guerrillero de apropiarse de las tierras que el Gobierno restituirá en el marco de la Ley de Víctimas.
En un correo de alias ‘Mosquera’ integrante del estado mayor del frente ‘Darío Martínez Castro’ se encontró, según el presidente Santos, un mensaje en el que se señala que “una mínima conquista en la legalización de las tierras aumentaría la confianza de la gente en sus líderes”.
“Hay que buscar la legalización de las fincas, las parcelas, las minas, las viviendas y todo lo que significa bienes, entendemos que hay posesión de las tierras pero hace falta legalizarlas. No sé si me has entendido, pero mis papás (o sea mis jefes) nos envían esa razón a fin de ganarle terreno a los planes del Gobierno”, señala el correo.
Por esa razón, el mandatario dijo que cuando habla de “esa mano negra que está en contra de la política de restitución de tierras, de la derecha, que ya sabemos de dónde viene, y de la izquierda, que también sabemos de dónde viene, están interesados en que el Gobierno no tenga éxito en su política de restitución de tierras para que discutamos sus argumentos”.
En ese sentido, anunció que para el próximo 10 de febrero está prevista una manifestación en apoyo al proceso de legalización de tierras y a los campesinos que fueron desplazados por la violencia.
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