Para Beatriz Uribe, ministra de Vivienda, estos beneficios deben dirigirse exclusivamente a quienes más los necesitan. Aclara que el precio de los materiales está muy alto y que los bancos deberían bajar sus tasas.
Beatriz Uribe Moreno no es arquitecta ni constructora, pero sabe como pocas de vivienda y crecimiento económico social. Su chip es el de la prosperidad. Por eso, a diario, sabe que tiene un compromiso con el país: desde el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esta economista tiene en sus manos la misión de lograr que el Gobierno cumpla con su promesa de iniciar la construcción de un millón de viviendas antes de 2014. Y la maqueta de una pequeña casa de interés social, que está permanentemente en su escritorio, se lo recuerda a cada instante.
En entrevista con El Espectador, Uribe asegura que al finalizar 2012 tendrá la llave de la vivienda número 500.000, que representa la mitad de la tarea que le asignó el presidente Juan Manuel Santos. Cuenta que se han entregado 19 mil créditos hipotecarios desembolsados por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el 50% ha sido destinado a trabajadores informales; que se identificaron ofertas de vivienda que le dará una solución digna a los damnificados por la ola invernal; y que entre enero y octubre de 2011, se licenciaron más de 214 mil soluciones, de las cuales 98 mil son sociales.
No obstante, tiene claro que para seguir con esa tendencia y cumplir con los objetivos hay que contar con la disposición y el apoyo de alcaldes y gobernadores, del sector privado, de la banca y, por supuesto, de los constructores. Y por eso, después de tomar la determinación de que los subsidios sean exclusivamente para los pobres, explica en detalle cuál es la ruta a seguir para conseguir una vivienda digna para todos los colombianos de escasos recursos.
¿Qué pasará con el subsidio a la tasa de interés para vivienda social?
Solamente llegará a los hogares más pobres del país y no a todos los estratos como se hacía antes. Estoy segura de que el Ministerio de Hacienda me va a ayudar a subsidiar la tasa porque por parte de nuestro presupuesto, acabamos de inyectar $70.000 millones. Y si el sector financiero quiere subsidiar la tasa, tendrá que hacerlo para los pobres.
Lo que yo sí quisiera ver es un gesto por parte de este sector. Porque un hogar que paga arriendo de $90.000 en un cambuche en San José del Guaviare o en Manizales, está en la capacidad de pagar una cuota por ese mismo monto durante 10 años para la compra de vivienda, por ejemplo.
Se deben subsidiar a 175 mil familias pobres de aquí al 2020 y eso cuesta dos billones de pesos. Los recursos están pero hay hogares en extrema pobreza que no podemos vincular al sector financiero, y es aquí donde nosotros hacemos un llamado: a los alcaldes y gobernadores para que dispongan los lotes con servicios públicos, al sector constructor para que dé precios preferenciales a los materiales para los proyectos de interés prioritario. En este momento la única empresa que nos está colaborando en el tema de precios es Argos.
Es que una casa de este tipo no aguanta incrementos en el precio de los materiales del 10 o el 15% como se está presentando, como tampoco aguanta el aumento en el precio del suelo. Por eso el gobierno sólo subsidiará a los más pobres y los demás actores tendrán que jugarle a esa tarea.
Nosotros queremos crecer con el sector, generar empleo, pero hay una cosa que se llama prosperidad y es la base de esto. Puede haber un crecimiento pero si no se transforma la vida de las familias más pobres, el crecimiento no será significativo.
¿Qué se ha hecho en materia de vivienda desde que asumió el Ministerio?
La meta es llegar al millón, lo que significa duplicar lo mejor que se ha hecho en la historia en los últimos cuatro años. Nuestro indicador se llama iniciaciones de vivienda, que es arranque de obra. A 31 de diciembre de 2011, tenemos iniciadas la construcción de 255.000 viviendas, es decir, que llevamos el cuarto de la meta. A finalizar 2012 tendremos otras 255.000, lo cual nos lleva a 510. 000 soluciones. Yo me sentiría muy satisfecha porque ya con dos años y cuatro meses de gobierno habríamos hecho lo que se hizo en cuatro años.
Estamos poniendo 1,2 millones de trabajadores con nosotros y, según la última medición del Dane, generamos más de 70 mil empleos de mano de obra no calificada o semicalificada.
A corte de octubre de 2011, se expidieron licencias para 214.000 viviendas en 77 ciudades. De estas, cerca de 98 mil son viviendas sociales. Esto quiere decir que si sólo hacemos esto (214.000 viviendas anuales), en cuatro años tendríamos cerca de 900.000 nuevas viviendas.
Además el FNA desembolsó 19 mil créditos hipotecarios, y cerca del 50% han sido asignados a trabajadores informales, lo que antes era impensable. Es la única entidad que está atendiendo a los pobres informales y que tienen ingresos de un salario mínimo al mes, que tienen un ahorro mínimo porque de todas maneras paga arriendo de aproximadamente $80.000 o $90.000. Si la persona llena esas características y ahorra juiciosa durante un año, tiene derecho a un subsidio complementario por $16 millones y un crédito por esa misma cantidad. Es decir, que la señora que lava ropa en el vecindario podrá tener $32 millones para comprar una casa (vivienda prioritaria).
Se está cumpliendo la meta y los indicadores son positivos. ¿Qué falta para estar mejor?
Que el sector financiero colombiano nos acompañe en el propósito de prestarle a la población más pobre del país a tasas bajas y fijas, a plazos definidos. Lo mismo con los productores de materiales para construcción que están incrementando los precios de una manera que nos preocupa. Algo similar ocurre con el sector constructor, que a veces se siente muy cómodo construyendo para la clase media y alta. Y a la clase pobre, a pesar de que les damos todas las condiciones, ha sido muy complicado que apuesten por la vivienda de interés prioritario. También lo vemos en los municipios, porque muchos alcaldes prefieren tener vivienda para estratos altos que para los bajos.
¿A cuánto asciende el déficit de vivienda?
A 1,3 millones de déficit cuantitativo, porque las casas que están en alto riesgo no se cuentan como viviendas. Mi sueño sería tener 1,5 millones de viviendas prioritarias. Con lo que vamos hacer –un millón de viviendas de las cuales el 70% deben ser para los más pobres- le damos respuesta a la conformación de hogares colombianos, es decir, detener la tugurización en Colombia, pero no le damos respuesta a la deuda histórica que tiene el Estado con los más pobres.
¿Hay espacio para cubrir el déficit?
Nosotros hicimos un inventario en 77 ciudades del país, que concentran el faltante. Hay 45 mil hectáreas con un potencial para construir dos millones de viviendas. Tierra hay, pero mientras que una autoridad territorial, llámese alcalde, gobernador o concejo municipal, no tenga la voluntad política de usar ese suelo... Aquí no hay nada que hacer.
¿Cómo ve a los nuevos alcaldes y gobernadores?
Son el más importante socio en estos momentos. Nosotros hemos tenido éxito en donde ha habido voluntad política de estos para sacar adelante proyectos. Hay municipios que los estamos persiguiendo hace 18 meses para desarrollar algún proyecto y no ha sido posible. Por ejemplo, en la Virginia (Risaralda) o en el sur del Atlántico, que pasaban proyectos con operadores que no cumplían los requisitos. Hay algo muy importante y es que la vivienda, ni siquiera en el departamento del Cesar, se construye en el aire, se necesita del suelo y a precios razonables.
Yo los siento muy enamorados con el tema de la vivienda y en agua potable y saneamiento básico.
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