domingo, 2 de septiembre de 2018

En Cúcuta, avanza audiencia de 16 capturados

Las autoridades le empezaron a seguir el rastro a una red que presuntamente ingresaba hidrocarburos al país.

Desde 2014, las  autoridades le empezaron a seguir el rastro a una red que presuntamente ingresaba hidrocarburos al país, desde Venezuela, evadiendo el pago de impuestos. La estrategia era importar un supuesto aceite mineral o para exploración de pozos, cuando en realidad se trataba de ACPM y otros  derivados del petróleo, falsificando las guías de movilización.

Así lo dio a conocer ayer la Fiscalía ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cúcuta en la audiencia pública donde fueron presentados 10 hombres y 6 mujeres, detenidos por estos hechos. Según el ente investigador, posteriormente los hidrocarburos eran revendidos en el país  dejando millonarias ganancias en la cadena delictiva. 
“En Venezuela, las tractomulas con hidrocarburos las compraban desde 5 millones de pesos y luego ingresaban al país, como aceite mineral. En Colombia lo distribuían a diferentes empresas entre $60 y $100 millones. Con ganancias de hasta 1.000 por ciento”, resaltó el ente investigador.
Los detenidos   
Hasta el cierre de esta edición, los detenidos aún se encontraban en audiencia en el Palacio de Justicia, mientras avanzaban de manera concentrada la legalización de la captura, imputación de cargos y las correspondientes medidas de aseguramiento. Las aprehensiones se cumplieron en Norte de Santander, Antioquia y otras regiones del país. 
Se trata de: Ricardo José Rivera Rozo, Rodolfo Rivera Rozo, Jesús David Rivera Rozo, Everlides Botello Chacón, Carlos Eduardo Bustamante, Mario José Gutiérrez Mejía, Alejandro Jaramillo Pinzón, Juan Carlos Díaz Espitia, Hugo Carrizosa Navarro y Samuel Eugenio Rodríguez González. 
Las mujeres son Luz Patricia Reyes Pérez, Luddy Esperanza Martínez, Marcela Álvarez, Claudia Patricia Bedoya Castro, Estefany Bernal Bedoya y Diana Cristina Rozo Torres. 
La Fiscalía cuenta con interceptaciones a algunos  teléfonos de los implicados, donde queda clara la concertación para delinquir, sumado al favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados y la evasión de impuestos (fraude fiscal), entre otros.   
También se conoció que la red importaba LP90, un diésel más puro y algunas de los clientes eran propietarios de volquetas para el abastecimiento de los automotores.
Accionar delictivo 
El 11 de noviembre de 2014, en el municipio de Sabaneta (Antioquia), empezó la caída de esta organización tras la ubicación de dos tractomulas en un parqueadero, que de acuerdo a las guías de movilización llevaban aceite mineral, pero en realidad eran 20.080 galones diésel y ACPM con petróleo crudo. Al parecer, el producto iba a ser comercializado en Medellín.
“El hidrocarburo fue importado desde el estado Táchira por la empresa Importadora y Comercializadora del Norte  EU2 (…) Luego, fue entregado a la empresa Exipetrol Company en Cúcuta (…) Otra de las empresas involucradas es Vaselinas Industriales de Colombia”, detalló la Fiscalía, entre otras empresas (además de transporte) relacionadas con el paso del hidrocarburo ilegal.
El 28 de octubre de 2014 en Barrancabermeja, las autoridades inmovilizaron otra tractomula cargada con 10.040 galones, bajo la misma modalidad. El 4, 5 y 10 de junio de 2015, fueron detectados otros 3 tractocamiones en Cúcuta.
En la capital 
Respecto a Rodolfo Antonio Rivera Rozo, detenido en Cúcuta, la Fiscalía indicó que financiaba la importación y mantenía comunicación permanente con su hermano Ricardo José,  quien le informaba sobre los detalles del negocio.
“Jesús David Rivera Rozo iba a Ureña a cargar los carros cisterna y gestionaba para que el combustible pudiera entra a una planta (…)”, subrayó.
También se escuchó de Samuel Eugenio Rodríguez González era la persona enviada a la capital nortesantandereana  para tomar contacto con los importadores y verificar el combustible.
“Es un delito contra el patrimonio económico del Estado. Algunas de estas personas no declaraban renta y tienen patrimonios de más de 1.000 millones de pesos. Todos los colombianos somos víctimas de este accionar delictivo que afecta la economía nacional y la salud, pues gran parte de los aranceles de la gasolina y el ACPM van para  la salud y el mejoramiento de las vías en el país”, sostuvo el ente investigador ante el estrado.
Fuente: La Opinión.com

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