El ministro del Interior le pidió al alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, y el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, propiciar las condiciones y garantías necesarias para el trabajo de los líderes y defensores de Derechos Humanos.
En medio de fuertes reclamos de los defensores de Derechos Humanos, representantes de víctimas y líderes de organizaciones sociales, ante la vulnerabilidad a la que aún se encuentran expuestos y los altos niveles de impunidad, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció este viernes la puesta en marcha del protocolo de protección diferencial para este sector de la población en Norte de Santander.
En Cúcuta, donde instaló la Mesa Regional de Garantías, el titular de la cartera política se comprometió a fortalecer los esquemas de seguridad que maneja la Agencia Nacional de Protección, a través de nuevos mecanismos.
Así las cosas, de ahora en adelante, la evaluación sobre la situación de riesgo denunciada por cualquier integrante de una organización social no quedará en manos sólo de la Policía Nacional, sino que recaerá en varias entidades, entre ellas: la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
En caso de que el denunciante no esté de acuerdo con la decisión que se tome sobre su nivel de riesgo, la evaluación podrá pasar a una segunda instancia de revisión.
En cuanto a los esquemas de protección para los beneficiarios de la restitución de tierras, Vargas Lleras sostuvo que el Gobierno ha venido fortaleciendo el programa y que hoy 45 líderes cuentan ya con sistemas de protección completos. En los próximos días la cifra se elevará a 175 en todo el país.
Sin embargo, el ministro no precisó cuántas de estas personas corresponden a Norte de Santander, uno de los departamentos con más hectáreas de tierra despojada y víctimas de la violencia.
Convocarán Mesa Nacional de Garantías
En Cúcuta, donde instaló la Mesa Regional de Garantías, el titular de la cartera política se comprometió a fortalecer los esquemas de seguridad que maneja la Agencia Nacional de Protección, a través de nuevos mecanismos.
Así las cosas, de ahora en adelante, la evaluación sobre la situación de riesgo denunciada por cualquier integrante de una organización social no quedará en manos sólo de la Policía Nacional, sino que recaerá en varias entidades, entre ellas: la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
En caso de que el denunciante no esté de acuerdo con la decisión que se tome sobre su nivel de riesgo, la evaluación podrá pasar a una segunda instancia de revisión.
En cuanto a los esquemas de protección para los beneficiarios de la restitución de tierras, Vargas Lleras sostuvo que el Gobierno ha venido fortaleciendo el programa y que hoy 45 líderes cuentan ya con sistemas de protección completos. En los próximos días la cifra se elevará a 175 en todo el país.
Sin embargo, el ministro no precisó cuántas de estas personas corresponden a Norte de Santander, uno de los departamentos con más hectáreas de tierra despojada y víctimas de la violencia.
Convocarán Mesa Nacional de Garantías
Ante el delicado panorama presentado en Cúcuta en materia de Derechos Humanos y el fuerte llamado de atención que públicamente le hizo este viernes Jahel Quiroga, delegada nacional de organizaciones sociales, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se comprometió a convocar para el lunes la Mesa Nacional de Garantías.
El objetivo será evaluar el avance de la nueva Agencia Nacional de Protección, que surgió con la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El compromiso surgió luego de un fuerte intercambio de opiniones en el que Quiroga le reclamó de manera enérgica a Vargas que solo una mínima parte de los defensores está siendo beneficiada con el sistema de protección implementado por esta nueva entidad, lo que ha disparado las alarmas.
Según los defensores de Derechos Humanos, una de las mayores preocupaciones para el ejercicio de su trabajo radica en que las decisiones del programa de protección, “pareciera que van en dirección de desmontar de manera paulatina los esquemas de protección que se están implementando”.
El objetivo será evaluar el avance de la nueva Agencia Nacional de Protección, que surgió con la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El compromiso surgió luego de un fuerte intercambio de opiniones en el que Quiroga le reclamó de manera enérgica a Vargas que solo una mínima parte de los defensores está siendo beneficiada con el sistema de protección implementado por esta nueva entidad, lo que ha disparado las alarmas.
Según los defensores de Derechos Humanos, una de las mayores preocupaciones para el ejercicio de su trabajo radica en que las decisiones del programa de protección, “pareciera que van en dirección de desmontar de manera paulatina los esquemas de protección que se están implementando”.
Catatumbo y Bacrim
La nueva sesión de la Mesa Regional de Garantías sirvió también para exponer la delicada situación de orden público que atraviesa la zona de El Catatumbo y la consolidación de las bandas criminales en las zonas urbanas.
Sin embargo, sobre el particular el ministro sólo atinó a decir que el Gobierno viene trabajando en el Plan de Consolidación y que intentarán acelerarlo a fin de ofrecer una oportuna solución para los municipios que por años han sido duramente golpeados por el narcotráfico y los grupos al margen de la ley.
En cuanto a las estructuras irregulares que sustituyeron a los grupos paramilitares y que se han asentado con fuerza en Cúcuta y su área metropolitana, Vargas Lleras destacó el trabajo de las autoridades por contrarrestar el accionar de estas organizaciones y dijo que las graves denuncias reveladas ayer serán analizadas con mayor detenimiento.
Cifras en rojo
En medio de la Mesa Regional de Garantías presidida por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, las organizaciones sociales del departamento presentaron la cruda radiografía en materia de seguridad y violación de Derechos Humanos que se registra en Norte de Santander, en particular en el área metropolitana de Cúcuta, la cual se ha agudizado con el fortalecimiento de las bandas criminales.Según un informe presentado por la Fundación Progresar -organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos-, durante lo corrido del 2011 un total de 405 ciudadanos fueron asesinados en el área metropolitana de Cúcuta, de los cuales el 78% (316) corresponde solo a la capital nortesantandereana.
Entre tanto, el 34% de las víctimas (216) tenía entre 20 y 39 años de edad y en el 88% de los casos utilizaron armas de fuego. La mayoría de los asesinatos se produjo bajo la modalidad del sicariato.
En los municipios aledaños como Los Patios y Villa del Rosario las cifras no son menos alentadoras. En el primero, Progresar reportó un total de 26 homicidios en el 2011, de los cuales 21 fueron a manos de sicarios. Entre tanto, en Villa del Rosario, municipio donde las bandas criminales parecieran repetir las historia de sangre y muerte de hace unos años, la cifra de personas asesinadas alcanzó las 37 en el 2011.
En cuanto a los casos de desapariciones, Progresar reveló en su informe que el Instituto Nacional de Medicina Legal recibió 393 denuncias en todo el departamento de las cuales 286 continúan sin conocerse del paradero de las personas.
Dentro de este grupo Cúcuta es la ciudad que mayor número de desaparecidos reporta con un total de 241 casos equivalentes al 65%. Le siguen Tibú con 57 casos, Villa del Rosario 20, Los Patios 15, y Ocaña y Puerto Santander 9 reportes cada municipio.
Entre tanto, Progresar aseguró que en los últimos tres años los defensores de Derechos Humanos han instaurado 102 denuncias por agresiones contra representantes de organizaciones no gubernamentales, líderes comunales, sindicalistas y representantes de víctimas.
De estos casos, 88 co-rresponderían a amenazas direc-tas, cuatro atentados contra la vida y la integridad, y ocho homicidios (dos contra líderes comunales, un miembro de Anthoc y un integrante de Asinort).
“Esta situación extremada-mente grave de los defensores y defensoras de Derechos Humanos tiene que ver principalmente con el fortalecimiento de estructuras de grupos armados ilegales que vienen operando en esta región desde el 2005”, manifestó Wilfredo Cañizares, representante de la Fundación Progresar y vocero de las organizaciones de la sociedad civil del departamento.
Ante el oscuro panorama, la ONG le pidió al Gobierno reactivar la Mesa Regional de Garantías a fin de darle cumplimiento a los compromisos establecidos hace dos años.
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