En la reunión efectuada en la alcaldía de San Antonio con comerciantes del sector de víveres en la frontera, las autoridades aduaneras y militares señalaron que continuará la defensa de la soberanía alimentaria.
San Antonio del Tachira.- Las autoridades militares y aduaneras mantendrán las acciones de control que sean necesarias para garantizar la soberanía alimentaria a la población venezolana en la zona fronteriza, apegadas al ordenamiento jurídico vigente.
Así lo ratificaron en la reunión efectuada este viernes en el auditorium de la alcaldía de San Antonio con comerciantes mayoristas y bodegueros del sector de víveres, principalmente, quienes se han quejado por las retenciones de artículos de la cesta básica y otras mercancías, cuando las comercializan en los establecimientos de la localidad fronteriza.
En la reunión estuvieron presentes el alcalde Juan Vicente Cañas; el comandante del Destacamento de Fronteras 11 de la Guardia Nacional, teniente coronel Wilmer Alarcón; el gerente de la Aduana Principal de San Antonio, Oscar López, representantes de la Estación Policial de San Antonio y Tránsito Terrestre.
También estuvieron presentes representantes de los consejos comunales y habitantes de la localidad, quienes se quejaron por los problemas de escasez y especulación con rubros de la cesta básica en el comercio de San Antonio.
Los voceros de los comerciantes y la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, expusieron que desde hace varias semanas están viviendo una difícil situación, porque pese a que traen desde el interior del estado o del país, los productos amparados con facturas y guías de movilización emitidas por Sada, en San Antonio las mercancías están siendo retenidas por la Guardia Nacional.
Denunciaron que los militares han retenido mercancías en el interior de los establecimientos, así como a los clientes que llegan a comprar. Los comerciantes pidieron que les respeten sus derechos y los dejen trabajar, porque están desarrollando su actividad dentro del territorio venezolano. Asimismo, expresaron que están en una zona fronteriza, a donde llega gente del vecino país a comprar.
Tras escuchar las inquietudes de los comerciantes y de algunos voceros de los consejos comunales, las autoridades civiles, militares y aduaneras presentes, coincidieron en que se debe buscar un punto de equilibrio para que cada quien cumpla con su obligación, pero ratificaron que se debe garantizar la soberanía alimentaria a la población de la frontera, para que los usuarios no sufran por la escasez, acaparamiento, contrabando hacia Colombia o especulación con los precios de los productos de primera necesidad. En ese sentido, también acordaron conformar mesas de trabajo con los comerciantes y consejos comunales a fin de que los productos de primera necesidad lleguen a precio justo a los hogares de la población.
El comandante del Destacamento de Fronteras 11, teniente coronel Wilmer Alarcón, afirmó que la premisa de la Guardia Nacional es trabajar en el marco de la legalidad, hacer cumplir la Constitución, las leyes, el ordenamiento jurídico vigente. "La Guardia Nacional no actúa contra el comerciante que trabaja de manera legal y decente sino que actúa sobre el contraventor, en cumplimiento de las disposiciones emanadas por el comandante Presidente, el ministro de la Defensa, Comandante General del componente y del comandante del Core 1, que es garantizar y defender la soberanía alimentaria para que llegue el alimento al pueblo, pueblo somos todos. Esa es la orden que hay, sin atropellar a nadie. Si en algún momento la comunidad se ve atropellada o le parece arbitraria o irregular alguna actuación, las puertas del Comando de la Guardia Nacional están abiertas para recibir la denuncia, investigar y tomar las acciones a que haya lugar", afirmó.
Acotó que la Guardia constantemente recibe información sobre sitios donde puede haber acaparamiento, concentración de productos para llevarlos luego de contrabando hacia Colombia, y a través de los canales que permite la ley se seguirá actuando. Precisó que hasta el momento han actuado sobre situaciones puntuales, donde se ha conseguido, de manera flagrante, a comerciantes haciendo uso poco ortodoxo de las mercancías; es decir, no las venden al pueblo a precio regulado.
Así lo ratificaron en la reunión efectuada este viernes en el auditorium de la alcaldía de San Antonio con comerciantes mayoristas y bodegueros del sector de víveres, principalmente, quienes se han quejado por las retenciones de artículos de la cesta básica y otras mercancías, cuando las comercializan en los establecimientos de la localidad fronteriza.
En la reunión estuvieron presentes el alcalde Juan Vicente Cañas; el comandante del Destacamento de Fronteras 11 de la Guardia Nacional, teniente coronel Wilmer Alarcón; el gerente de la Aduana Principal de San Antonio, Oscar López, representantes de la Estación Policial de San Antonio y Tránsito Terrestre.
También estuvieron presentes representantes de los consejos comunales y habitantes de la localidad, quienes se quejaron por los problemas de escasez y especulación con rubros de la cesta básica en el comercio de San Antonio.
Los voceros de los comerciantes y la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, expusieron que desde hace varias semanas están viviendo una difícil situación, porque pese a que traen desde el interior del estado o del país, los productos amparados con facturas y guías de movilización emitidas por Sada, en San Antonio las mercancías están siendo retenidas por la Guardia Nacional.
Denunciaron que los militares han retenido mercancías en el interior de los establecimientos, así como a los clientes que llegan a comprar. Los comerciantes pidieron que les respeten sus derechos y los dejen trabajar, porque están desarrollando su actividad dentro del territorio venezolano. Asimismo, expresaron que están en una zona fronteriza, a donde llega gente del vecino país a comprar.
Tras escuchar las inquietudes de los comerciantes y de algunos voceros de los consejos comunales, las autoridades civiles, militares y aduaneras presentes, coincidieron en que se debe buscar un punto de equilibrio para que cada quien cumpla con su obligación, pero ratificaron que se debe garantizar la soberanía alimentaria a la población de la frontera, para que los usuarios no sufran por la escasez, acaparamiento, contrabando hacia Colombia o especulación con los precios de los productos de primera necesidad. En ese sentido, también acordaron conformar mesas de trabajo con los comerciantes y consejos comunales a fin de que los productos de primera necesidad lleguen a precio justo a los hogares de la población.
El comandante del Destacamento de Fronteras 11, teniente coronel Wilmer Alarcón, afirmó que la premisa de la Guardia Nacional es trabajar en el marco de la legalidad, hacer cumplir la Constitución, las leyes, el ordenamiento jurídico vigente. "La Guardia Nacional no actúa contra el comerciante que trabaja de manera legal y decente sino que actúa sobre el contraventor, en cumplimiento de las disposiciones emanadas por el comandante Presidente, el ministro de la Defensa, Comandante General del componente y del comandante del Core 1, que es garantizar y defender la soberanía alimentaria para que llegue el alimento al pueblo, pueblo somos todos. Esa es la orden que hay, sin atropellar a nadie. Si en algún momento la comunidad se ve atropellada o le parece arbitraria o irregular alguna actuación, las puertas del Comando de la Guardia Nacional están abiertas para recibir la denuncia, investigar y tomar las acciones a que haya lugar", afirmó.
Acotó que la Guardia constantemente recibe información sobre sitios donde puede haber acaparamiento, concentración de productos para llevarlos luego de contrabando hacia Colombia, y a través de los canales que permite la ley se seguirá actuando. Precisó que hasta el momento han actuado sobre situaciones puntuales, donde se ha conseguido, de manera flagrante, a comerciantes haciendo uso poco ortodoxo de las mercancías; es decir, no las venden al pueblo a precio regulado.
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