El alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, le dijo a los periodistas - y éstos le creyeron - que la intervención de ahora de Eicviro “es solo por tres días”. No es cierto. Esa intervención se mantendrá hasta cuando el gobierno nacional lo estime necesario
Por lo que se aprecia de un vistazo, Eicviro ESP era, más o menos, una especie de reino del desorden en el que cualquier cosa podía ocurrir sin que se diera cuenta nadie y sin que se pudieran establecer responsabilidades.
Y nadie parecía darse cuenta de que la situación era tan grave que la empresa estaba a punto de colapsar, porque incluso a las 3 de la tarde del jueves, cuando llegaron los agentes de la Superintendencia acompañados de patrullas policiales, la gerente Leidy Katherine Morales estaba ausente.
La oportuna, necesaria y drástica intervención administrativa de la empresa de Villa del Rosario por la Superintendencia de Servicios Públicos dejó al descubierto una larga cadena de irregularidades muy dicientes.
Bastan tres pequeños de muestra del desgreño en Eicviro: la nómina no estaba integrada a la contabilidad, los bancos no tenían las consignaciones al día, y las cuentas de los proveedores estaban atrasadas, según dijo el gerente provisional Alberto Ramírez Moros, agente especial de la Superintendencia.
Las razones de estas irregularidades las deben explicar a satisfacción la gerente removida y sus colaboradores más cercanos. Pero, en aras de la total claridad, las explicaciones también debieran ser solicitadas al alcalde de Villa del Rosario, máxima autoridad local y jefe de los funcionarios removidos.
Las razones para la intervención integran un importante catálogo de fallas e irregularidades que van desde malos manejos financieros y contables, hasta el deficiente estado del servicio prestado, pasando por la ausencia sistemática de reportes e informes de actividades de diversa índole.
Aunque la intervención parezca sorpresiva, no lo es. Eicviro ESP recibió cuatro visitas de la Superintendencia en un año, durante las cuales siempre se advirtió del riesgo que corría la empresa de seguir con el manejo irregular de muchos de sus asuntos e intereses.
Es de esperar que no haya mayores traumatismos por razón de la intervención, para no generar más perjuicios a los usuarios, que en muchas ocasiones son quienes cargan con las consecuencias de estas rupturas administrativas de carácter abrupto.
En los últimos años, Villa del Rosario ha enfrentado problemas de falta de agua potable, a los que en los tiempos recientes se agregaron otros como las deficiencias en la lectura del consumo y en el recaudo, y solicitudes de conexión al acueducto que no eran atendidas.
Los muchos problemas administrativos obligaron a la intervención de la Superintendencia, como única garantía de la supervivencia de Eicviro ESP.
Sin embargo, la elusión de obligaciones elementales como la de entregar informes periódicos de sus actividades al Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) fue la causa inmediata para la intervención.
Esos informes, entregados de manera oportuna por todas las demás empresas de servicios públicos del país, permiten conocer las actividades comerciales, financieras, administrativas y técnico-operativas que realizan.
Con esos informes, el gobierno evalúa la prestación de los servicios públicos de todo el país y ajusta sus políticas. No cumplir con una obligación así es dar pie a pensar que se pretende ocultar algunas acciones u omisiones, y eso no lo puede permitir una entidad encargada de vigilar y controlar.
Por fortuna para la comunidad, los plazos procesales para estos casos son breves. Así, en cinco días, los funcionarios removidos deberán dar las explicaciones que solicitan los investigadores. Y, desde luego, para apelar la decisión de intervenir.
Y nadie parecía darse cuenta de que la situación era tan grave que la empresa estaba a punto de colapsar, porque incluso a las 3 de la tarde del jueves, cuando llegaron los agentes de la Superintendencia acompañados de patrullas policiales, la gerente Leidy Katherine Morales estaba ausente.
La oportuna, necesaria y drástica intervención administrativa de la empresa de Villa del Rosario por la Superintendencia de Servicios Públicos dejó al descubierto una larga cadena de irregularidades muy dicientes.
Bastan tres pequeños de muestra del desgreño en Eicviro: la nómina no estaba integrada a la contabilidad, los bancos no tenían las consignaciones al día, y las cuentas de los proveedores estaban atrasadas, según dijo el gerente provisional Alberto Ramírez Moros, agente especial de la Superintendencia.
Las razones de estas irregularidades las deben explicar a satisfacción la gerente removida y sus colaboradores más cercanos. Pero, en aras de la total claridad, las explicaciones también debieran ser solicitadas al alcalde de Villa del Rosario, máxima autoridad local y jefe de los funcionarios removidos.
Las razones para la intervención integran un importante catálogo de fallas e irregularidades que van desde malos manejos financieros y contables, hasta el deficiente estado del servicio prestado, pasando por la ausencia sistemática de reportes e informes de actividades de diversa índole.
Aunque la intervención parezca sorpresiva, no lo es. Eicviro ESP recibió cuatro visitas de la Superintendencia en un año, durante las cuales siempre se advirtió del riesgo que corría la empresa de seguir con el manejo irregular de muchos de sus asuntos e intereses.
Es de esperar que no haya mayores traumatismos por razón de la intervención, para no generar más perjuicios a los usuarios, que en muchas ocasiones son quienes cargan con las consecuencias de estas rupturas administrativas de carácter abrupto.
En los últimos años, Villa del Rosario ha enfrentado problemas de falta de agua potable, a los que en los tiempos recientes se agregaron otros como las deficiencias en la lectura del consumo y en el recaudo, y solicitudes de conexión al acueducto que no eran atendidas.
Los muchos problemas administrativos obligaron a la intervención de la Superintendencia, como única garantía de la supervivencia de Eicviro ESP.
Sin embargo, la elusión de obligaciones elementales como la de entregar informes periódicos de sus actividades al Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) fue la causa inmediata para la intervención.
Esos informes, entregados de manera oportuna por todas las demás empresas de servicios públicos del país, permiten conocer las actividades comerciales, financieras, administrativas y técnico-operativas que realizan.
Con esos informes, el gobierno evalúa la prestación de los servicios públicos de todo el país y ajusta sus políticas. No cumplir con una obligación así es dar pie a pensar que se pretende ocultar algunas acciones u omisiones, y eso no lo puede permitir una entidad encargada de vigilar y controlar.
Por fortuna para la comunidad, los plazos procesales para estos casos son breves. Así, en cinco días, los funcionarios removidos deberán dar las explicaciones que solicitan los investigadores. Y, desde luego, para apelar la decisión de intervenir.
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