viernes, 22 de marzo de 2013

Criminalidad en zonas de frontera: un problema de seguridad nacional

El consultor en temas de seguridad y defensa, Armando Borrero,al intervenir ayer, en el Hotel Bolívar.
 
La delincuencia organizada no es solo un problema de seguridad ciudadana sino un problema de seguridad nacional, lo que supone que las estrategias contra la criminalidad deben virar a enfoques más integrales y multidisciplinarios.

La afirmación fue hecha por el politólogo y consultor en temas de seguridad y defensa, Armando Borrero, al intervenir ayer en Cúcuta, en el primero de una serie de foros regionales que se harán en todo el país a instancias de un proyecto académico puesto en marcha por la Escuela Superior de Guerra, dirigida por el mayor general Javier Fernández Leal.

De acuerdo con Borrero, esta amenaza a la seguridad nacional que comporta la criminalidad es aún más grave en el caso de las zonas de frontera, donde los fenómenos delincuenciales encuentran “un espacio natural de expansión”.

Según el analista, la situación en el caso de Norte de Santander no es única, sino que responde a unas dinámicas comunes en los corredores fronterizos de todo el mundo, incluidos entre ellos el que conforma Estados Unidos y México, un área en la que, según expertos citados por Borrero, no son descartables hacia el futuro enfrentamientos más convencionales entre las organizaciones criminales y las fuerzas del orden.

En opinión de este consultor de defensa, los problemas de seguridad en esta frontera parecen no estar ya bajo el control de las autoridades de inmigración y aduanas o de las policías fronterizas, sino que impone la participación eventual de la Guardia Nacional y el Ejército de los Estados Unidos.

Del otro lado de esta frontera, Borrero reveló que ya, de hecho, los grandes golpes al narcotráfico no son obra de la policía federal o estatal, sino de la Infantería de Marina y del propio Ejército mexicano.

Tras señalar que “las fronteras ponen de presente los problemas más complejos de la convivencia humana en su dimensión social”, Borrero dijo que esto es aún más complicado en la frontera colombo-venezolana a la altura de Norte de Santander y Táchira y Zulia, donde han sido enormes las corrientes migratorias en contextos de mutuo crecimiento demográfico.

“Los movimientos de población se están convirtiendo en un problema de seguridad nacional”, dijo Borrero, al insistir en que por eso mismo resulta ingenuo creer que este es un problema que puede ser resuelto solo por una institución uniformada, como sería el caso de la Policía.

Se trata, dijo, de apelar en adelante a una vasta cooperación interinstitucional de la Fuerza Pública, en la que las estrategias contra el delito se tracen sobre la base de una política integral.

Habla el viceministro
En el foro intervino también el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, quien abogó por un mayor esfuerzo de las instituciones uniformadas para combatir la criminalidad en Cúcuta.

Para el alto funcionario, la percepción de inseguridad en Norte de Santander es menor frente a la capital del departamento, donde existe la sensación de ser hoy más insegura que hace algunos años. Con ello, dejó entrever su opinión de que la seguridad ciudadana es una tarea pendiente frente a lo mucho que se ha hecho para recuperar la tranquilidad en las zonas rurales, donde operan los grupos guerrilleros.

Para el viceministro de Defensa, los índices de delitos asociados a la actividad guerrillera, como el secuestro con fines extorsivos, se han reducido en los últimos años.

Aún así, reconoció que el terrorismo, imputable a las guerrillas de las Farc y el Eln; la extorsión y el microtráfico, a cargo de las bandas criminales; y los delitos ciudadanos, como el hurto de celulares y el atraco callejero, atribuibles a bandas delincuenciales focalizadas, son las grandes amenazas a la seguridad del país, un panorama en el que el funcionario citó también a lo que llamó la ‘minería criminal’ o extracción ilegal de recursos naturales no renovables.

De acuerdo con el viceministro, las Fuerzas de Tarea Conjunta han logrado enfrentar la amenaza terrorista en las mismas zonas donde se localizan los grupos armados ilegales, como las Farc y el Eln, debido al acierto geográfico que significó emplazar estas guarniciones militares de élite.

Bedoya defendió los alcances que ha tenido el Plan de Consolidación del Catatumbo, zona que sirve de epicentro a una enorme producción de droga que configura unos multimillonarios ingresos para las organizaciones armadas ilegales.

En términos similares se expresó el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Marcolino Tamayo, quien dijo que en el Catatumbo, guerrillas y bandas criminales son socias en el negocio del narcotráfico, lo que se demuestra con la ausencia de enfrentamientos entre todos estos grupos por el control de la droga.

Según Bedoya, la presión militar fue “lo que hizo posible que las Farc entendieran que no pueden alcanzar el poder por la vía de las armas y por eso es que las tenemos allá sentadas en La Habana (Cuba) negociando la paz porque no tienen otra opción”.

En materia de lucha contra las nadas criminales el viceministro de Defensa se mostró confiado en que el combate a estos grupos se traduzca en un debilitamiento que las lleve a su desintegración. No obstante, dijo que el fenómeno de Los Urabeños y Los Rastrojos tienen diferentes manifestaciones delincuenciales según sea el departamento donde operen.

Admitió, empero, que estas bandas tienen una enorme capacidad de reproducirse, por lo que no es dable, aún con los mejores resultados, bajar la guardia.

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