De izquierda a derecha, Eduardo Antonio Rodríguez, exconcejal de Cambio Radical, Víctor de Jesús Daza,concejal de Cambio Radical, Marina Lozano Ropero, diputada de Cambio Radical, Francisco Bermont Galvis, diputado de La U.
El periodo que comenzó el primero de enero de 2012 para concejales y diputados en todo el país no ha sido el mejor para los integrantes de estas dos corporaciones en Norte de Santander, quienes han tenido que ver cómo el fantasma de las inhabilidades se atraviesa en el camino de algunos de ellos.
Con tan solo 23 meses transcurridos desde que se posesionaron, dos concejales de Cúcuta y dos diputados han sido despojados de sus investiduras y declarados muertos políticamente, por estar impedidos para participar en las elecciones en las que resultaron ganadores.
La más reciente decisión proferida por el Consejo de Estado afectó los intereses políticos del presidente de la Asamblea, Francisco Bermont Galvis -quien cumple su quinto periodo en la corporación-, por los aportes que hizo a tres campañas en las elecciones locales de 2003, siendo diputado.
Aunque el fallo, conocido el martes, todavía no ha sido notificado a sus abogados, la defensa del dirigente prepara desde ya los recursos con los que intentará dejar sin piso la sentencia, de segunda instancia.
Según conoció La Opinión, los apoderados le apostarán a un recurso de revisión, sumado a una acción de tutela en la que reclamarán el derecho a que se aplique el precepto consitucional.
Es decir, que se tenga en cuenta que para el caso del diputado Bermont existe cabida para el principio de favorabilidad consagrado en la Reforma Política de 2011, el cual estableció la posibilidad de que los miembros de corporaciones públicas de elección popular realicen aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, sin ser castigados.
Para sustentar su argumento, se basarán en un antecedente constitucional que favoreció a una diputada de la Asamblea del Huila, quien pese a perder su investidura, logró reversar la decisión del Consejo de Estado, mediante tutela, alegando el mismo principio de favorabilidad.
Con tan solo 23 meses transcurridos desde que se posesionaron, dos concejales de Cúcuta y dos diputados han sido despojados de sus investiduras y declarados muertos políticamente, por estar impedidos para participar en las elecciones en las que resultaron ganadores.
La más reciente decisión proferida por el Consejo de Estado afectó los intereses políticos del presidente de la Asamblea, Francisco Bermont Galvis -quien cumple su quinto periodo en la corporación-, por los aportes que hizo a tres campañas en las elecciones locales de 2003, siendo diputado.
Aunque el fallo, conocido el martes, todavía no ha sido notificado a sus abogados, la defensa del dirigente prepara desde ya los recursos con los que intentará dejar sin piso la sentencia, de segunda instancia.
Según conoció La Opinión, los apoderados le apostarán a un recurso de revisión, sumado a una acción de tutela en la que reclamarán el derecho a que se aplique el precepto consitucional.
Es decir, que se tenga en cuenta que para el caso del diputado Bermont existe cabida para el principio de favorabilidad consagrado en la Reforma Política de 2011, el cual estableció la posibilidad de que los miembros de corporaciones públicas de elección popular realicen aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, sin ser castigados.
Para sustentar su argumento, se basarán en un antecedente constitucional que favoreció a una diputada de la Asamblea del Huila, quien pese a perder su investidura, logró reversar la decisión del Consejo de Estado, mediante tutela, alegando el mismo principio de favorabilidad.
Los otros afectados
En la lista de dirigentes a quienes les decretaron la muerte política este año figuran también los concejales de Cambio Radical, Eduardo Antonio Rodríguez y Víctor de Jesús Daza, a los que el Consejo de Estado les demostró que estaban inhabilitados para aspirar en las elecciones de 2011 por haber contratado con entidades públicas en el año anterior a los comicios. Aunque Rodríguez ya fue apartado de su cargo, Daza todavía se mantiene en su curul, pese a que el fallo en su contra fue proferido en julio pasado.
Por los lados de la Asamblea, la diputada Marina Lozano, de Cambio Radical, también sufrió las consecuencias de las inhabilidades y a pesar de que en primera instancia el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dejó en firme su investidura, en marzo de este año los magistrados del Consejo de Estado consideraron que el hecho de haber ejercido como gobernadora encargada 10 meses antes de su inscripción como candidata, no le permitía aspirar al cargo.
Sin embargo, ocho meses después Lozano todavía ostenta su credencial, gracias a los recursos que ha interpuesto su defensa,con el fin de dejar sin piso la decisión del alto tribunal.
Pendiente está por definirse la suerte de la elección del alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, quien también fue demandado por una presunta inhabilidad.
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