Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron hoy que proscriben la práctica del secuestro en el país y que pondrán en libertad de manera conjunta a los diez militares y policías que siguen en su poder como rehenes.
Los anuncios aparecen en una declaración pública que el Secretariado del Estado Mayor Central del grupo rebelde fechó en las "montañas de Colombia" y divulgó por su sitio en internet.
"Anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas") en nuestra actuación revolucionaria", informaron las FARC, y anotaron que la decisión los obliga a derogar la "ley" rebelde de 2000 sobre su financiación con el secuestro de civiles.
El fin del secuestro como arma política era una de las peticiones que el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), encabezado por la excongresista Piedad Córdoba, les había formulado de manera reiterativa a los rebeldes.
Córdoba y el grupo civil CCP mantienen desde hace más de tres años un intercambio epistolar con los rebeldes que ha permitido la puesta en libertad de manera unilateral de una veintena de rebeldes y, ahora los dos compromisos finales de ellos sobre las retenciones.
En la misma declaración, las FARC precisaron que han aceptado liberar a los diez militares y policías que mantiene cautivos, y no solo a los seis que había comunicado previamente.
Los uniformados, todos ellos con más de doce años en cautiverio, son los últimos que les quedan a los insurgentes como rehenes, condición en la que mantuvieron en algún momento a más de cincuenta políticos, militares, policías y tres estadounidenses, que pretendieron canjear sin éxito por medio millar de rebeldes presos.
Las FARC dijeron que agradecen y aceptan "sin vacilación" que el Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ponga a disposición los medios logísticos para la misión humanitaria de entrega de estos cautivos.
"Queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder", expresó el mando central guerrillero, que pidió a la portavoz de estos allegados, Marleny Orjuela, que "acuda a recibirlos en la fecha acordada", que no se conoce de manera pública.
Los rehenes por liberar serán los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
Son uniformados que fueron tomados cautivos en asaltos realizados por los rebeldes entre 1998 y 1999, en los peores años de la actividad de las FARC, en armas desde 1964.
En la lista de rehenes también aparece Luis Eduardo Peña, subcomisario de la Policía Nacional y de quien se desconoce si sigue con vida.
Tanto las FARC, como la excongresista Córdoba, han insinuado que Peña murió en cautiverio. EFE
Comunicado oficial
Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación. De inmediato se nos endilgan las más perversas intenciones, sólo para insistir en que lo único que cabe con nosotros es el exterminio. Por lo general, los mencionados incendiarios nunca van a la guerra, ni les permiten ir a sus hijos.
Son casi 48 años en lo mismo. Cada intentona ensayada ha redundado en un subsiguiente fortalecimiento nuestro, frente al cual vuelve a agrandarse la embestida y a reiniciarse el círculo. El fortalecimiento militar de las FARC de hoy se levanta en las narices de quienes proclamaron el fin del fin y los incita a proclamar la necesidad de acrecentar el terror y la violencia. Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones.
Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder. Al agradecer la disposición generosa del gobierno que preside Dilma Rousseff y que aceptamos sin vacilación, queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales.
En atención a ellos, quisiéramos solicitar a la señora Marleny Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de ASFAMIPAZ, que acuda a recibirlos en la fecha acordada. A tal efecto, anunciamos al grupo de mujeres del continente que trabajan al lado de Colombianas y Colombianos por la Paz, que estamos listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito. Colombia entera y la comunidad internacional serán testigos de la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya frustró un feliz final en noviembre pasado.
Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia.
Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.
Deseamos finalmente expresar nuestra satisfacción por los pasos que se vienen dando hacia la conformación de la comisión internacional que verificará las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país. Esperamos que el gobierno colombiano no tema y no obstruya esta legítima labor humanitaria propulsada por la comisión de mujeres del continente.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 26 de febrero de 2012.
"Anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas") en nuestra actuación revolucionaria", informaron las FARC, y anotaron que la decisión los obliga a derogar la "ley" rebelde de 2000 sobre su financiación con el secuestro de civiles.
El fin del secuestro como arma política era una de las peticiones que el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), encabezado por la excongresista Piedad Córdoba, les había formulado de manera reiterativa a los rebeldes.
Córdoba y el grupo civil CCP mantienen desde hace más de tres años un intercambio epistolar con los rebeldes que ha permitido la puesta en libertad de manera unilateral de una veintena de rebeldes y, ahora los dos compromisos finales de ellos sobre las retenciones.
En la misma declaración, las FARC precisaron que han aceptado liberar a los diez militares y policías que mantiene cautivos, y no solo a los seis que había comunicado previamente.
Los uniformados, todos ellos con más de doce años en cautiverio, son los últimos que les quedan a los insurgentes como rehenes, condición en la que mantuvieron en algún momento a más de cincuenta políticos, militares, policías y tres estadounidenses, que pretendieron canjear sin éxito por medio millar de rebeldes presos.
Las FARC dijeron que agradecen y aceptan "sin vacilación" que el Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ponga a disposición los medios logísticos para la misión humanitaria de entrega de estos cautivos.
"Queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder", expresó el mando central guerrillero, que pidió a la portavoz de estos allegados, Marleny Orjuela, que "acuda a recibirlos en la fecha acordada", que no se conoce de manera pública.
Los rehenes por liberar serán los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
Son uniformados que fueron tomados cautivos en asaltos realizados por los rebeldes entre 1998 y 1999, en los peores años de la actividad de las FARC, en armas desde 1964.
En la lista de rehenes también aparece Luis Eduardo Peña, subcomisario de la Policía Nacional y de quien se desconoce si sigue con vida.
Tanto las FARC, como la excongresista Córdoba, han insinuado que Peña murió en cautiverio. EFE
Comunicado oficial
Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación. De inmediato se nos endilgan las más perversas intenciones, sólo para insistir en que lo único que cabe con nosotros es el exterminio. Por lo general, los mencionados incendiarios nunca van a la guerra, ni les permiten ir a sus hijos.
Son casi 48 años en lo mismo. Cada intentona ensayada ha redundado en un subsiguiente fortalecimiento nuestro, frente al cual vuelve a agrandarse la embestida y a reiniciarse el círculo. El fortalecimiento militar de las FARC de hoy se levanta en las narices de quienes proclamaron el fin del fin y los incita a proclamar la necesidad de acrecentar el terror y la violencia. Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones.
Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder. Al agradecer la disposición generosa del gobierno que preside Dilma Rousseff y que aceptamos sin vacilación, queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales.
En atención a ellos, quisiéramos solicitar a la señora Marleny Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de ASFAMIPAZ, que acuda a recibirlos en la fecha acordada. A tal efecto, anunciamos al grupo de mujeres del continente que trabajan al lado de Colombianas y Colombianos por la Paz, que estamos listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito. Colombia entera y la comunidad internacional serán testigos de la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya frustró un feliz final en noviembre pasado.
Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia.
Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.
Deseamos finalmente expresar nuestra satisfacción por los pasos que se vienen dando hacia la conformación de la comisión internacional que verificará las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país. Esperamos que el gobierno colombiano no tema y no obstruya esta legítima labor humanitaria propulsada por la comisión de mujeres del continente.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 26 de febrero de 2012.
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