Teniendo en cuenta el impacto social que han generado los operativos adelantados en el último mes por parte de las autoridades colombianas, que concluyeron con el decomiso de varias motos matriculadas en Venezuela; y ante las reiteradas solicitudes de la ciudadanía para la intervención del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, a través de la regional Norte de Santander, implementó una acción preventiva que conmina a la administración para que implemente lo reglamentado en la Ley 191 de 1995 y el Decreto 400 de 2005, relacionados con la “internación temporal de vehículos y motocicletas”.
La internación temporal es una figura jurídica que permite a vehículos adquiridos en países vecinos circular dentro del territorio de departamentos fronterizos, previo el cumplimiento de unos requisitos y la autorización del mandatario local.
La reglamentación vigente igualmente contempla que motos con cilindrada inferior a 125 c.c. no deberán pagar anualmente el impuesto sobre vehículos.
Por lo anterior, la Procuraduría Regional ofició al alcalde municipal de Cúcuta señalando la importancia de implementar las normas relativas al registro de vehículos en internación temporal, para prevenir que motocicletas de matrícula venezolana utilizadas como instrumento de trabajo que circulan en el área metropolitana sean objeto de inmovilización o decomiso por parte de la Policía Fiscal y Aduanera con el argumento que se trata de vehículos de contrabando.
El Ministerio Público consideró que dicho registro no solo genera un impacto social positivo en los habitantes de frontera, sino que puede ser un instrumento para que la administración gestione acciones frente a los vehículos que circulan en la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo correspondiente al departamento de Norte de Santander.
No hay comentarios:
Publicar un comentario