Los 20 operadores cambiarios que laboran en la frontera de Táchira deberán cumplir lo que establece la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que implica ampliar el número de socios y aumentar a 200.000 bolívares fuertes el capital suscrito y pagado para la constitución de esas empresas.
Las reacciones no se han hecho esperar por parte de los afectados y los gremios que hacen vida en el eje fronterizo Ureña-San Antonio.
El expresidente de Fedecámaras Táchira y miembro de la Cámara de Comercio de San Antonio, José Rozo Lizcano, dijo que se quiere acabar con una actividad que desempeñan desde hace más de 20 años varias familias de la zona, que dependen de la conversión del bolívar al peso y viceversa.
Agregó que la actividad se logró legalizar en 1998, después de dos décadas de funcionar en la informalidad y de cuatro años de trabajo y acercamiento con las autoridades de ese entonces que estaban al frente del Banco Central de Venezuela (BCV), el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Bancos.
La conquista fue que el Estado venezolano reconociera que en la frontera se daba un cambio de moneda muy característico de la zona, que es la convertibilidad del bolívar al peso y del peso al bolívar, que hasta esa fecha era una actividad ilegal.
Operaban públicamente pero no tenían el reconocimiento de las autoridades respectivas.
En esa oportunidad se generaron algunas acciones de carácter represivo, donde hombres y mujeres fueron sometidos a vejámenes, expuestos a la opinión pública nacional e internacional, apresados injustamente y después de un tiempo liberados porque se demostró que no eran lo que pretendían algunas autoridades actuantes en esa época, según el representante empresarial.
Se logró que el BCV reconociera las características especiales del cambio de moneda y se tomó la figura de operador cambiario fronterizo, con unas especificaciones muy propias de la zona, en donde ellos estaban incluso autorizados a cambiar dólares, teniendo en cuenta la visita constante en tránsito de ciudadanos de Europa, Estados Unidos y otros países de América del Sur, que requieren ese tipo de servicio.
Ahora en este gobierno, nos hemos encontrado que desde hace unos años para acá, no sabemos con qué intensiones, se está actuando en contra de lo que establece la Constitución, que todas las políticas del Estado tienen que ir orientadas al fortalecimiento de la seguridad y a fomentar y fortalecer la legalidad, según Rozo.
Agregó que el Gobierno ha tomado una serie de decisiones inconsultas, sin tomar en cuenta al gremio, que de la noche a la mañana se ha encontrado con una serie normas que están de espaldas a la realidad, desmejorando la actividad cambiaria y poniendo en riesgo el trabajo de muchas familias, “porque no queremos que cada establecimiento comercial se convierta en una casa de cambio, que era el modelo que imperaba en esa época”.
Lo ideal es que como país soberano y como ejemplo de legalidad y trabajo transparente, se mantengan los regímenes especiales mediante los cuales los operadores cambiarios venían funcionando.
En la actualidad los tienen contra la pared, exigiéndoles una serie de requisitos que no están contemplados en la partida de nacimiento del gremio, que si podrían aplicar a quienes surgieron después de 1998, fecha en la que fueron regulados de manera especial.
Como habitantes naturales y en vista de que en la frontera se han tomado normas como un garrote para golpearla, exigimos al Gobierno que le devuelva la seguridad y el fortalecimiento que se requiere para que esos ciudadanos que recibieron la autorización del BCV sigan operando, así tengan que afinar los controles.
Los están obligando a que se conviertan en compañías anónimas, con un mínimo de 10 socios, pero les han rebajado la capacidad de cambio, haciendo que el negocio no sea rentable al menguarle la capacidad de producción o de prestación del servicio, que en la práctica los obligaría a montar compañías de papel, poniendo en riesgo a empresas que han sido patrimonio familiar, según José Rozo.
Dijo para finalizar, que “hay la sospecha de que debe haber intereses oscuros para que la actividad que cumples los operadores en la zona desaparezca y quizá pretendan incrementarla mediante otros mecanismos conectados a intereses personalistas”.
Las reacciones no se han hecho esperar por parte de los afectados y los gremios que hacen vida en el eje fronterizo Ureña-San Antonio.
El expresidente de Fedecámaras Táchira y miembro de la Cámara de Comercio de San Antonio, José Rozo Lizcano, dijo que se quiere acabar con una actividad que desempeñan desde hace más de 20 años varias familias de la zona, que dependen de la conversión del bolívar al peso y viceversa.
Agregó que la actividad se logró legalizar en 1998, después de dos décadas de funcionar en la informalidad y de cuatro años de trabajo y acercamiento con las autoridades de ese entonces que estaban al frente del Banco Central de Venezuela (BCV), el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Bancos.
La conquista fue que el Estado venezolano reconociera que en la frontera se daba un cambio de moneda muy característico de la zona, que es la convertibilidad del bolívar al peso y del peso al bolívar, que hasta esa fecha era una actividad ilegal.
Operaban públicamente pero no tenían el reconocimiento de las autoridades respectivas.
En esa oportunidad se generaron algunas acciones de carácter represivo, donde hombres y mujeres fueron sometidos a vejámenes, expuestos a la opinión pública nacional e internacional, apresados injustamente y después de un tiempo liberados porque se demostró que no eran lo que pretendían algunas autoridades actuantes en esa época, según el representante empresarial.
Se logró que el BCV reconociera las características especiales del cambio de moneda y se tomó la figura de operador cambiario fronterizo, con unas especificaciones muy propias de la zona, en donde ellos estaban incluso autorizados a cambiar dólares, teniendo en cuenta la visita constante en tránsito de ciudadanos de Europa, Estados Unidos y otros países de América del Sur, que requieren ese tipo de servicio.
Ahora en este gobierno, nos hemos encontrado que desde hace unos años para acá, no sabemos con qué intensiones, se está actuando en contra de lo que establece la Constitución, que todas las políticas del Estado tienen que ir orientadas al fortalecimiento de la seguridad y a fomentar y fortalecer la legalidad, según Rozo.
Agregó que el Gobierno ha tomado una serie de decisiones inconsultas, sin tomar en cuenta al gremio, que de la noche a la mañana se ha encontrado con una serie normas que están de espaldas a la realidad, desmejorando la actividad cambiaria y poniendo en riesgo el trabajo de muchas familias, “porque no queremos que cada establecimiento comercial se convierta en una casa de cambio, que era el modelo que imperaba en esa época”.
Lo ideal es que como país soberano y como ejemplo de legalidad y trabajo transparente, se mantengan los regímenes especiales mediante los cuales los operadores cambiarios venían funcionando.
En la actualidad los tienen contra la pared, exigiéndoles una serie de requisitos que no están contemplados en la partida de nacimiento del gremio, que si podrían aplicar a quienes surgieron después de 1998, fecha en la que fueron regulados de manera especial.
Como habitantes naturales y en vista de que en la frontera se han tomado normas como un garrote para golpearla, exigimos al Gobierno que le devuelva la seguridad y el fortalecimiento que se requiere para que esos ciudadanos que recibieron la autorización del BCV sigan operando, así tengan que afinar los controles.
Los están obligando a que se conviertan en compañías anónimas, con un mínimo de 10 socios, pero les han rebajado la capacidad de cambio, haciendo que el negocio no sea rentable al menguarle la capacidad de producción o de prestación del servicio, que en la práctica los obligaría a montar compañías de papel, poniendo en riesgo a empresas que han sido patrimonio familiar, según José Rozo.
Dijo para finalizar, que “hay la sospecha de que debe haber intereses oscuros para que la actividad que cumples los operadores en la zona desaparezca y quizá pretendan incrementarla mediante otros mecanismos conectados a intereses personalistas”.
La norma
La Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en gaceta oficial del pasado 2 de marzo, estableció en su artículo 14 que “los operadores cambiarios fronterizos no son instituciones bancarias y tienen por objeto la compra y venta de divisas en efectivo, con las limitaciones que el Banco Central de Venezuela establezca, los cuales solamente operarán en las zonas fronterizas terrestres del país y en las regiones insulares fronterizas autorizadas por el órgano superior del sistema financiero nacional. Se les exige para su constitución un capital mínimo suscrito y pagado de 200.000 bolívares fuertes”.
El artículo 36 de la misma ley, establece que “las instituciones bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos, organizados como sociedades anónimas, estarán en todo momento constituidas por un mínimo de 10 accionistas.”
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