Un nuevo capítulo en la larga y polémica novela en que se convirtió el carrusel de la contratación en Bogotá, concluyó el viernes con la ‘muerte política’ para el senador Iván Moreno, uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación decidió destituirlo e inhabilitarlo por 20 años tras considerarlo responsable de haber solicitado, a través del abogado Álvaro Dávila, una comisión del 6% a los integrantes del Grupo Nule para interceder en la adjudicación de tres contratos en Bogotá, entre los que se destacan los de la fase III de Transmilenio.
El Ministerio Público también lo halló responsable de haber intercedido de manera irregular para que el polémico Grupo Nule, integrado por los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, recibiera el contrato de la doble calzada Bogotá-Girardot, a cambio de que le permitieran instalar y administrar unas estaciones de gasolina a su esposa, Lucy Luna de Moreno.
Al destituido senador se le encontró culpable de las conductas punibles de concusión y cohecho.
El ente de control también pudo comprobar que quien siempre tuvo la iniciativa de buscar dádivas fue Iván Moreno y no los primos Nule.
Según el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, Iván Moreno “Penetró la administración del Distrito a través de funcionarios y contratistas con los cuales realizó pactos, con los cuales entorpeció el proceso de contratación en la capital de la República, mediante actos ilícitos”.
En el fallo, la Procuraduría advierte que el senador, aprovechó su parentesco con el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, para reunirse con contratistas y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para acordar la entrega de contratos.
El ente de control señaló además que Moreno violó los principios de moralidad, transparencia y rectitud que deben tener los funcionarios públicos e insistió en que su actitud fue “sustancialmente ilícita”.
“(Iván Moreno) Impartió y puso condiciones que los miembros del Grupo Nule debían cumplir para la entrega del dinero”, relató el Procurador.
En el fallo disciplinario, Ordóñez Maldonado ordenó compulsar copias a la misma Procuraduría, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que investiguen a las personas vinculadas a este proceso.
El destituido congresista se encuentra detenido desde el 29 de abril del 2011 por orden de la Corte Suprema que lo investiga por los presuntos delitos de concusión, cohecho y por intervenir en contratos firmados sin los requisitos legales.
La Procuraduría General de la Nación decidió destituirlo e inhabilitarlo por 20 años tras considerarlo responsable de haber solicitado, a través del abogado Álvaro Dávila, una comisión del 6% a los integrantes del Grupo Nule para interceder en la adjudicación de tres contratos en Bogotá, entre los que se destacan los de la fase III de Transmilenio.
El Ministerio Público también lo halló responsable de haber intercedido de manera irregular para que el polémico Grupo Nule, integrado por los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, recibiera el contrato de la doble calzada Bogotá-Girardot, a cambio de que le permitieran instalar y administrar unas estaciones de gasolina a su esposa, Lucy Luna de Moreno.
Al destituido senador se le encontró culpable de las conductas punibles de concusión y cohecho.
El ente de control también pudo comprobar que quien siempre tuvo la iniciativa de buscar dádivas fue Iván Moreno y no los primos Nule.
Según el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, Iván Moreno “Penetró la administración del Distrito a través de funcionarios y contratistas con los cuales realizó pactos, con los cuales entorpeció el proceso de contratación en la capital de la República, mediante actos ilícitos”.
En el fallo, la Procuraduría advierte que el senador, aprovechó su parentesco con el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, para reunirse con contratistas y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para acordar la entrega de contratos.
El ente de control señaló además que Moreno violó los principios de moralidad, transparencia y rectitud que deben tener los funcionarios públicos e insistió en que su actitud fue “sustancialmente ilícita”.
“(Iván Moreno) Impartió y puso condiciones que los miembros del Grupo Nule debían cumplir para la entrega del dinero”, relató el Procurador.
En el fallo disciplinario, Ordóñez Maldonado ordenó compulsar copias a la misma Procuraduría, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que investiguen a las personas vinculadas a este proceso.
El destituido congresista se encuentra detenido desde el 29 de abril del 2011 por orden de la Corte Suprema que lo investiga por los presuntos delitos de concusión, cohecho y por intervenir en contratos firmados sin los requisitos legales.
AUDIENCIA INTERRUMPIDA
La audiencia de lectura del fallo contra el senador Iván Moreno Rojas fue interrumpida sorpresivamente por el abogado Mauricio Alarcón, quien proclamaba airadamente tener un poder otorgado por Jaime Araújo, abogado titular de Moreno, para que fuera su suplente en el juicio disciplinario.
El poder, que está fechado el 7 de diciembre del 2011, señala que Alarcón será el defensor de Moreno, debido a que al titular no le es posible presentarse en el juicio. El abogado Alarcón pidió al Procurador que suspendiera la audiencia hasta las 3:00 de la tarde, con el fin de que Moreno Rojas lo ratificara directamente como defensor, bajo el argumento de que es necesario que el defendido sepa a quién tiene como representante en el proceso.
Sin embargo, el titular del Ministerio Público sostuvo que esa no era causa justa que ameritara la suspensión de la diligencia, debido a que Moreno le envió una carta renunciando a su derecho a asistir a la misma, argumentando que la ausencia de su abogado no le permitiría defenderse eficazmente.
Ante la insistencia del abogado, el Procurador solicitó a la Policía desalojarlo y ordenó la compulsa de copias al Consejo Superior de la Judicatura, para que lo investigue por irregularidades en el proceso.
El abogado titular del senador, Jaime Araújo Rentería, no asistió a la audiencia porque se encuentra en Estados Unidos y, según declaró en la última audiencia (el pasado 16 de enero), solo podrá regresar el 14 de febrero.
A pesar de que la Procuraduría dispuso un mecanismo en el consulado colombiano en Miami, para que el abogado pudiera presenciar la audiencia por videochat, Araújo no se presentó en las instalaciones de la sede diplomática.
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