Los representantes de las víctimas de las 'chuzadas' telefónicas anunciaron que demandarán al Estado de Panamá y a su presidente Ricardo Martinelli ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su negativa a extraditar hacia Colombia a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado.
Luis Guillermo Pérez, abogado de la ex senadora Piedad Córdoba, dijo que con la resistencia del gobierno Panameño a extraditar a Hurtado se está violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
"Martinelli con esta decisión, al sustraer a María del Pilar Hurtado de la justicia colombiana, está vulnerando los derechos de las víctimas de la persecución de la ex directora del DAS, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de estos graves hechos”, señaló Pérez.
El jurista también aseguró que ahora el Estado panameño está en la obligación de iniciar una investigación en su país contra Hurtado porque así lo deja en claro la ley.
Esta decisión es una ofensa más al Estado colombiano, a la institucionalidad, la Corte Suprema, las víctimas, la sociedad y ahora esperamos que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos emita una nota diplomática de protesta”, dijo el abogado Pérez.
Asimismo sostuvo que las pruebas que fueron aportadas por las autoridades colombianas a Panamá son contundentes en demostrar que Hurtado no está siendo juzgada por delitos políticos sino por delitos comunes.
Insistió que pese a esta determinación, el inicio de la audiencia preparatoria del juicio contra la ex directora del DAS, y el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno programada para el próximo 21 de febrero continúa en firme y allí pedirán, en debido momento, que se condene a los dos ex funcionarios por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales.
"Martinelli con esta decisión, al sustraer a María del Pilar Hurtado de la justicia colombiana, está vulnerando los derechos de las víctimas de la persecución de la ex directora del DAS, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de estos graves hechos”, señaló Pérez.
El jurista también aseguró que ahora el Estado panameño está en la obligación de iniciar una investigación en su país contra Hurtado porque así lo deja en claro la ley.
Esta decisión es una ofensa más al Estado colombiano, a la institucionalidad, la Corte Suprema, las víctimas, la sociedad y ahora esperamos que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos emita una nota diplomática de protesta”, dijo el abogado Pérez.
Asimismo sostuvo que las pruebas que fueron aportadas por las autoridades colombianas a Panamá son contundentes en demostrar que Hurtado no está siendo juzgada por delitos políticos sino por delitos comunes.
Insistió que pese a esta determinación, el inicio de la audiencia preparatoria del juicio contra la ex directora del DAS, y el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno programada para el próximo 21 de febrero continúa en firme y allí pedirán, en debido momento, que se condene a los dos ex funcionarios por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales.
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