las mujeres que tienen a cargo hogares infantiles en Cúcuta y Norte de Santander “no se dejen confundir ni engañar respecto a esta ley”.
Al proyecto de ley que busca que las madres comunitarias sean reconocidas con un salario mínimo mensual y sus respectivas prestaciones -impulsado por el movimiento político Mira-, parece seguirle saliendo enemigos.
Además del Gobierno Nacional, que fue uno de los primeros en oponerse a la iniciativa por su aparente impacto fiscal, varios congresistas de la Unidad Nacional estarían impulsando una campaña para desvirtuar el sentido del proyecto entre las beneficiarias.
Así lo denunció la coordinación de esa colectividad en Norte de Santander, tras advertir que ya son varias las quejas instauradas por madres comunitarias que aseguran que dirigentes políticos de la región están liderando reuniones en las que les anuncian que a partir de enero van a empezar a recibir una bonificación de $200 mil.
El inconformismo del Mira radica no solo en el hecho de que los congresistas están empezando a convertir el tema en una bandera política, sino en que están tratando de confundir a las madres comunitarias con una propuesta que el Gobierno quiere impulsar para dejar sin fuerza el proyecto de ley que establece el salario mínimo.
“El Gobierno Nacional ha dicho que va a garantizar un presupuesto de $200 mil millones para esa bonificación, pero resulta que esos dineros, primero no van a alcanzar para todas las madres comunitarias y segundo, esa es una propuesta que el Gobierno planteó para evitar el proyecto de ley del movimiento Mira y así jugarle una salida a la salida T-628 de agosto que ordena vincular a las madres comunitarias como trabajadoras formales”, reprochó Mauricio Pulgarín, coordinador departamental del movimiento Político Mira en Norte de Santander.
Actualmente, explicó Pulgarín, cada madre comunitaria recibe un promedio de $300 mil mensuales sobre los cuales hay una serie de descuentos, por lo que el dinero que le queda para su sostenimiento es escaso.
De ahí que hizo un llamado para que las mujeres que tienen a cargo hogares infantiles en Cúcuta y Norte de Santander “no se dejen confundir ni engañar respecto a esta ley”.
“Esta es simplemente una campaña por medio de la cual los políticos buscan desviar el sentido real del proyecto de las madres comunitarias para no darles ese beneficio, pero aún así quedar bien”, advirtió Pulgarín.
Gobierno argumenta costos adicionales
En su tercer intento en el Congreso, el movimiento político Mira ha tenido que emprender nuevamente la batalla ante el Gobierno Nacional para sacar adelante el proyecto de ley que reconoce la labor de las madres comunitarias como un trabajo formal.
Según los argumentos del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la iniciativa que beneficiaría a unas 79 mil madres de todo el país, es inviable pues los recursos que se tendrían que destinar a los salarios se incrementarían en un 21% de los ingresos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Esto por cuanto la propuesta del Mira tendría un costo de $650 mil millones, recursos que para el Gobierno generan un costo adicional y un elevado impacto fiscal para la Nación.
Sin embargo, la colectividad insistió que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo y buscar los recursos para así dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.
“Lo que argumenta el Gobierno es algo contradictorio en el sentido de que por un lado no hay los recursos, pero por otro lado también está tramitando en el Congreso la Reforma Tributaria, que si se analiza a profundidad está quitando impuestos a los empresarios, dejando de percibir algunos recursos, para ponerle otros a personas que son asalariadas”, manifestó Pulgarín.
Por esta razón, insistió en que los promotores de la iniciativa, entre los que se encuentran el senador Carlos Baena y la representante Gloria Stella Díaz, seguirán dando la pelea para que el proyecto, que avanza en su segundo debate, no vuelva a naufragar en el intento.
Además del Gobierno Nacional, que fue uno de los primeros en oponerse a la iniciativa por su aparente impacto fiscal, varios congresistas de la Unidad Nacional estarían impulsando una campaña para desvirtuar el sentido del proyecto entre las beneficiarias.
Así lo denunció la coordinación de esa colectividad en Norte de Santander, tras advertir que ya son varias las quejas instauradas por madres comunitarias que aseguran que dirigentes políticos de la región están liderando reuniones en las que les anuncian que a partir de enero van a empezar a recibir una bonificación de $200 mil.
El inconformismo del Mira radica no solo en el hecho de que los congresistas están empezando a convertir el tema en una bandera política, sino en que están tratando de confundir a las madres comunitarias con una propuesta que el Gobierno quiere impulsar para dejar sin fuerza el proyecto de ley que establece el salario mínimo.
“El Gobierno Nacional ha dicho que va a garantizar un presupuesto de $200 mil millones para esa bonificación, pero resulta que esos dineros, primero no van a alcanzar para todas las madres comunitarias y segundo, esa es una propuesta que el Gobierno planteó para evitar el proyecto de ley del movimiento Mira y así jugarle una salida a la salida T-628 de agosto que ordena vincular a las madres comunitarias como trabajadoras formales”, reprochó Mauricio Pulgarín, coordinador departamental del movimiento Político Mira en Norte de Santander.
Actualmente, explicó Pulgarín, cada madre comunitaria recibe un promedio de $300 mil mensuales sobre los cuales hay una serie de descuentos, por lo que el dinero que le queda para su sostenimiento es escaso.
De ahí que hizo un llamado para que las mujeres que tienen a cargo hogares infantiles en Cúcuta y Norte de Santander “no se dejen confundir ni engañar respecto a esta ley”.
“Esta es simplemente una campaña por medio de la cual los políticos buscan desviar el sentido real del proyecto de las madres comunitarias para no darles ese beneficio, pero aún así quedar bien”, advirtió Pulgarín.
Gobierno argumenta costos adicionales
En su tercer intento en el Congreso, el movimiento político Mira ha tenido que emprender nuevamente la batalla ante el Gobierno Nacional para sacar adelante el proyecto de ley que reconoce la labor de las madres comunitarias como un trabajo formal.
Según los argumentos del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la iniciativa que beneficiaría a unas 79 mil madres de todo el país, es inviable pues los recursos que se tendrían que destinar a los salarios se incrementarían en un 21% de los ingresos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Esto por cuanto la propuesta del Mira tendría un costo de $650 mil millones, recursos que para el Gobierno generan un costo adicional y un elevado impacto fiscal para la Nación.
Sin embargo, la colectividad insistió que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo y buscar los recursos para así dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.
“Lo que argumenta el Gobierno es algo contradictorio en el sentido de que por un lado no hay los recursos, pero por otro lado también está tramitando en el Congreso la Reforma Tributaria, que si se analiza a profundidad está quitando impuestos a los empresarios, dejando de percibir algunos recursos, para ponerle otros a personas que son asalariadas”, manifestó Pulgarín.
Por esta razón, insistió en que los promotores de la iniciativa, entre los que se encuentran el senador Carlos Baena y la representante Gloria Stella Díaz, seguirán dando la pelea para que el proyecto, que avanza en su segundo debate, no vuelva a naufragar en el intento.
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