La iniciativa, que será radicada este martes en el Congreso, contempla multas que llegan a los 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Presidente anunció 'guerra frontal' a la corrupción.
El ambicioso paquete de medidas jurídicas y procedimentales que para combatir la corrupción en Colombia anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos, incluye penas de prisión de hasta 18 años, impide que financiadores de campañas contraten con el Estado, y crea nuevos organismos para combatir este flagelo.
En la actualidad, la pena más alta que establece el Código Penal para delitos relacionados con corrupción es de hasta 12 años por tramitar un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El estatuto anticorrupción aumenta el máximo de la pena por ese delito a 18 años y contempla una inhabilidad de hasta 19 años (actualmente es de 12).
La iniciativa, que será radicada este martes ante el Congreso, contempla cerca de 40 medidas para combatir la corrupción (ver recuadros), entre las que se cuenta la ampliación de términos para la prescripción de la acción disciplinaria (10 años para faltas leves y graves, y 12 años para las faltas gravísimas).
Durante la presentación de la iniciativa en la Casa de Nariño, el presidente Santos hizo un diagnóstico sobre cuánto le cuesta la corrupción a Colombia.
"El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción calculó que, si el presupuesto de inversión de la nación en el 2009 fue de 30 billones de pesos, por el sólo concepto de coimas (sobornos) el Estado perdería 3,9 billones, cifra similar a la calculada por la Procuraduría", afirmó.
Santos aludió al desgreño en la administración de los recursos provenientes de las regalías. Recordó que, según los cálculos, "el dinero que se ha dilapidado de las regalías supera el billón de pesos", situación que se refleja en que "de los 32 gobernadores elegidos en el 2007, ocho han sido suspendidos o destituidos por presuntos actos de corrupción".
También dijo que la figura del Zar Anticorrupción "poco ha servido para establecer una política realmente eficaz, con resultados más contundentes, por lo que este rediseño se hacía imperativo".
A la presentación del estatuto asistieron el vicepresidente, Angelino Garzón; el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras; el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago; el procurador general, Alejandro Ordóñez; la contralora general, Sandra Morelli; jefes y congresistas de varios partidos con asiento en el Congreso, y voceros de los gremios.
Penas altas y nuevos delitos
- El proyecto elevará las penas para delitos que afecten recursos de la salud.
- Se excluirán beneficios penales en las faltas contra la administración pública.
- Habrá dos nuevos agravantes a la estafa: uno relacionado con recursos públicos y otro con los de la salud.
- Se consagrarán como nuevos delitos la corrupción privada y la administración desleal.
- Además, se castigará al servidor público que, después de cometido el acto ilegal, le pida al particular algo a cambio. Esta falta será sancionada con multa y pérdida del empleo.
- Se creará el delito de fraude de subvenciones, en el que incurrirán quienes obtengan un contrato falseando las condiciones exigidas para ello.
Cambian tiempos en investigación
- Los términos de prescripción cambiarán: para faltas leves y graves de 5 a 10 años, y para faltas gravísimas se extiende a 12 años.
Las pruebas en las investigaciones sobre corrupción serán la confesión, el testimonio, la peritación y la inspección o visita especial. La indagación se cerrará cuando haya pruebas que permitan formular cargos o se haya vencido el término de la investigación.
Los fallos se dictarán dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento de los términos, para hacer los alegatos de conclusión.
Crearán Comisión de Moralización contra la Corrupción
Se establecerá la Comisión Nacional para la Moralización, la cual estará encabezada por el Presidente de la República.
Esta instancia coordinará acciones de diferentes organismos del Estado en la lucha anticorrupción y el intercambio de información para ello.
Adicionalmente, se constituirá la Misión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, en la cual tendrán participación gremios, ONG, academia, sindicatos y medios de comunicación, entre otros.
Su principal función será hacer el seguimiento, la evaluación y las recomendaciones necesarias a las políticas, planes y programas que se pongan en marcha en materia de lucha anticorrupción.
Inhabilidades y más vigilancia.
Quienes hayan financiado campañas para Presidencia, gobernaciones o alcaldías no podrán contratar con entidades públicas.
Además, los funcionarios del Estado que dejen sus cargos tendrán que esperar 3 años para hacer contrataciones públicas.
Habrá un seguimiento de los anticipos que se les entreguen a los contratistas, con el fin de tener una garantía de que los inviertan en el objeto del contrato.
Quienes actúen como revisores fiscales en la contratación estatal tendrán que denunciar los actos de corrupción que se presenten en ella. Para facilitar esto, se levantará el secreto profesional. Si no lo hacen, podrán perder su tarjeta profesional.
'Lobbystas' tendrán límites
Habrá una 'regulación general del lobby', entendiendo que es una costumbre en los Estados modernos.
Como lobby o cabildeo se entenderá "aquel contacto de carácter personal y privado que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés" para la elaboración de actuaciones legislativas o administrativas.
Las oficinas públicas tendrán la obligación de llevar un registro de 'lobbystas', que serán aquellas personas que gestionen intereses particulares ante los funcionarios de las ramas ejecutiva y legislativa. En este registro, aparecerán las audiencias y reuniones que soliciten los 'lobbystas' o cualquier particular.
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